La “Secretaria General” de AGUEL, surgida de elecciones truchas cuestionada por los afiliados y la justicia, fue denunciada que junto a su marido, Diego López, habrían ingresado en la sede de la mutual del gremio llevándose cosas de propiedad de los afiliados, una computadora y elementos según consta en la denuncia que realizó Víctor Eduardo José Dellamea en fecha 16/04/2020 a la hora 18:35. Datos que constan en la actuación policial que publicamos en este artículo y que ustedes podrán observar. Dellamea hace constar que no solo llevaron elementos de propiedad de todos los afiliados sino que cambiaron la cerradura y nadie puede ingresar al lugar, sindica a Diego López, esposo de Maura Liliana Quiróz como el autor del cambio de cerradura.

Maura Liliana Quiróz, esposa de López, (Maura López) resultó elegida Secretaria General de AGUEL(Gremio de los trabajadores legislativos del Chaco) en un proceso que fue declarado nulo por la justicia pero que haciendo caso omiso asumieron igual. Esta mujer tiene a toda su familia CONCHABADA EN EL Poder Legislativo gracias a su relación política con Lidia Elida Cuesta que antes de entregar el cargo de presidente de la legislatura provincial la nombró Directora de Comisiones desplazando al personal de carrera que desempeñaba el cargo desde hacía más de una década y violando la carrera administrativa que debería proteger las promociones del personal de planta permanente que trabaja y puede certificar su tarea diariamente. Todo esto representó las dos gestiones de Lidia Elida Cuesta al frente de la presidencia del Poder Legislativo de la provincia del Chaco, que hoy continúan cometiendo tropelías que son denunciadas penalmente, como en este caso en particular.

El denunciante, Víctor Eduardo José Dellamea, fue Secretario Adjunto de la Asociación Gremial Unión de Empleados Legislativos (AGUEL) con mandato finalizado el día 13 de Marzo del 2020, hace constar que se llevaron a cabo elecciones que fueron declaradas nulas por la justicia , que además ordenó que se vuelva a convocar a elecciones por las gravísimas irregularidades que se cometieron en los comicios llevados adelante el día 04/10/2019y que Maura Liliana Quiróz hizo caso omiso incurriendo en desobediencia judicial, una cantidad de vicios que solo la impunidad pueden estar respaldando, y continúan cometiendo irregularidades de manera constante y permanente acumulando causas que en algún momento tendrán su correlato como consecuencia de la soberbia politiquera con que se manejan.

La diputada Lidia Elida Cuesta inició un festival de pases a planta de los punteros del espacio político que conduce con su pareja Gustavo Martínez ( promociones y pases a planta), lo realizó como último acto administrativo luego de perder la presidencia de la legislatura por una abrumadora mayoría que le dio la espalda en su arremetida reeleccionista en el recinto, recordemos que solo sacó cuatro votos, incluyendo el suyo, sobre la totalidad de legisladores, una derrota contundente que dejó sentado el grado de repulsa que produjo su gestión plagada de cuestionamiento sobre los manejos de los más de 750 millones del presupuesto del poder, gastados en eventos, sonido, combustibles y compras de vehículos de alta gama, entre otras beldades cometidas en su gestión como por ejemplo el millonario gasto en combustible, elecciones inconstitucionales con costos sumamente onerosos que nunca pudo justificar, todo esto montado sobre una feroz persecución a todo aquel que preguntara sobre los tremendos gastos, protegida mediantes resoluciones secretas a espalda de los trabajadores del poder legislativo que sufrió el congelamiento de sus salarios, en algunos caso por debajo de la línea de pobreza, y las persecuciones y sumarios administrativos para silenciarlos y del Pueblo chaqueño que contempló cómo se dilapidaban los recursos públicos ante el silencio de los legisladores de todos lso partidos políticos con representación parlamentaria, el arco político y los actores sociales que muchas veces nos condenan a cortes de calles en reclamo de mercaderías y en este caso no dijeron una sola palabra para que la justicia tome cartas en el asunto. ¿Está todo arreglado…?

Hay políticos de primera, de segunda y de cuarta, los de cuarta son los más prominentes porque mediante arreglos y claudicaciones logran el éxito personal que en un porcentaje de casi el 100% va en desmedro del conjunto y tiene como botín la caja del estado.

Por Julio Molisano|Mediante un trabajo de investigación instalé el debate en la opinión pública sobre el manejo de más de 750 millones del presupuesto de la legislatura provincial con cifras millonarias, contrataciones sospechosas de combustible, eventos, sonidos, sesiones inconstitucionales, compras de vehículos de alta gama que nunca se supo donde están, quien los usa y para que los usan, la mejor respuesta que tuvo la ex presidente de la Cámara de Diputados fue demandarme a mí y al medio que dirijo, ninguno de los diputados dijo esta boca es mía, de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, el fiscal en turno brilló por su ausencia y el arco político, movimientos sociales, ect, etc, nunca dieron a conocer su posición frente a los que yo creo significa una irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos que podría representar figuras penales que arrancarían de falta a los deberes del funcionario público, administración fraudulenta y tutti cuanti, pero si no se investiga es lo mismo que nada, el silencio y la impunidad pretenden encubrir todo el proceso liderado por la ex titular de la legislatura, un verdadero bochorno porque quedaron al desnudos ante la opinión pública, todos sospechamos que radicales, “peronistas”, Comunistas observaron y se callaron la boca.

Pero fíjense que ante lo contundente de la pruebas que he presentado en la justicia, ajustándome a derecho como corresponde (ordenes de compras del portal oficial Transparencia todo certificado por escribano público) y en los medios de prensa digitales, escritos y multimedia solo atinaron a lanzar un ejército de coeficientes menos cuatro a insultarme en las rede sociales con la pretensión de deslegitimar la carga de la prueba, tratándome y destratándome pero nunca respondiendo a la inquietud periodística por mí planteada públicamente. Todo este movimiento patoteril sustentado con los dineros del pueblo mediante contratos, pases a planta y categorías de directores y jefes en la estructura administrativa de la legislatura provincial que rondan con sueldos promedios de hasta 90.000 pesos y que nunca pisaron el edificio para TRABAJAR lanzaron un ataque contra mi persona porque pido que se investigue la gestión de Elyda Cuesta en el manejo de los millonarios dineros del estado chaqueño que hoy ante la pandemia no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar semejante emergencia epidemiológica, una vergüenza que no tengan un ápice de conciencia social para desprenderse de los negocios politiqueros para enfrentar el verdadero desastre que hicieron por acción u omisión en la legislatura chaqueña.

Quiero dejar claramente sentado que no me mueve ninguna cuestión personal, solo persigo el esclarecimiento del manipuleo de los recursos públicos, pero además la indignación la tremenda persecución desatada sobre los trabajadores de la legislatura que no adhirieron al espacio político que conduce Elyda Cuesta y su pareja Gustavo Martínez fue feroz, utilizaron sumarios administrativos a dirigentes gremiales entre otras barbaridades pergeñada por las más oscuras personalidades, uno de ellos tiene denuncias por abuso sexual, violencia de género y aprietes a mujeres, muestran la calaña de personas enquistadas en los poderes públicos para amedrentar a los que no nos aliñamos a los politiqueros baratos, cultores de la patota, el apriete y la violencia.

Por último quiero citar la sentencia de Domingo Sabio afirmando que: “ganar o perder no está en nuestra mano, luchar sí y les aseguro que voy a continuar haciendo lo posible para desentrañar toda esta vergüenza que vivimos los chaqueños desde hace mas de 30 años sin que ningún funcionario con poder de decisión se ponga colorado.

En realidad los reclusos en su mayoría detenidos por causas menores desde hace años sin que se traten los delitos por las autoridades judiciales se enfrentan a la paupérrima permanencia del sistema penitenciario argentino que sin alimentación adecuada, sin atención médica apropiada y sin medicamentos se encuentran ante una muerte segura. El porcentaje de detenidos por causas menores como posesión de gramos de sustancias es bastante importante, hay personas con discapacidad, otros muy jóvenes y el estado nacional pagaba $60 mil pesos por detenido en el año 2015, aseguró una fuente a Julio Molisano.

El reclamo es hacia el Poder Judicial, al que le exigen excarcelaciones o arrestos domiciliarios.

Más de 340 presos alojados en seis complejos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires iniciaron durante la noche de este martes una huelga de hambre para reclamar al Poder Judicial que les otorgue excarcelaciones o arrestos domiciliarios en medio de la pandemia de coronavirus​.

Paralelamente, Defensores Generales pidieron al gobierno la conmutación de penas de algunos detenidos.

Fuentes oficiales no penitenciarias confirmaron que se trata de 341 internos que presentaron por escrito sus reclamos ante una mesa de mediación que se reunió este martes en la Unidad 48 de San Martín.

De la mesa participaron el integrante del Tribunal Penal de Casación Bonaerense, Víctor Violini; el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses; y defensores oficiales de distintos departamentos judiciales.

Tras la reunión, los 19 Defensores Generales de la provincia de Buenos Aires pidieron al gobernador Axel Kicillof​ que conmute las penas de las personas privadas de libertad condenadas por sentencia firme con fecha de agotamiento de pena durante el año en curso.

En la solicitud, los defensores piden que la misma medida se aplique también a los condenados por sentencia firme a penas que no excedan de los cinco años de prisión y que durante el año en curso hayan cumplido o cumplan el requisito temporal para acceder a la libertad condicional.

"La situación de hacinamiento en las prisiones y comisarías de la provincia, como es reconocido hoy por todos los operadores del sistema penal, ha alcanzado la dimensión de una verdadera crisis humanitaria", graficaron, según confirma la agencia Télam.

Además, consignaron "el registro del contagio de un interno y de cinco trabajadores penitenciarios indica que el tiempo se agota para disponer medidas en forma racional y ordenada".

También plantearon que saben "del compromiso del Ejecutivo con el respeto de los derechos humanos de toda la comunidad, sin distinciones y exclusiones, y las dificultades para conciliar los intereses en juego".

Sin embargo, consideraron que creen que su propuesta, aún cuando su misión es defender un interés particular, contempla el "delicado equilibrio que el Ejecutivo debe mantener en la defensa de los intereses generales de la comunidad en un Estado democrático, ello por razones de proporcionalidad entre tales intereses".

"Es la primera vez que los Defensores Generales hacen un planteo de este tipo al gobernador", indicó una fuente, aunque aclaró que la pandemia "provocó la muerte de muchos presos y penitenciarios en otros países y acá todavía están a tiempo de evitarlo".

La conmutación de penas era otro de los pedidos de los presos que iniciaron hoy la huelga de hambre pacífica.

La protesta la llevan adelante 86 internos del pabellón 9 de la Unidad 48 San Martín; 25 del pabellón 11 de la Unidad 31 Florencio Varela; 42 del área de régimen abierto de la Unidad 39 Ituzaingó; y 26 del pabellón 3 de la Unidad 27 Sierra Chica.

También lo hacen 22 internas del pabellón 5 de la Unidad 33 de Los Hornos y 140 detenidos de la Unidad 12 de la localidad platense de Gorina.

El vocero detalló que con el comienzo de la huelga de hambre, el personal de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria se ocupará de pasar y brindar un informe médico diario para que las autoridades de los penales eleven a los juzgados que correspondan

MÁS DE DOS MIL MILLONES FUERON DESCONTADOS DEL SUELDO DE LOS TRABAJADORES SIN QUE HAYA UN SOLO RESPONSABLE|VER ENTREVISTA COMPLETA

En el estudio de Híper Digital Radio le realicé una entrevista a Daniel Tabares titular del SOSCH quien denunció una serie de persecuciones por parte de entonces directorio de SAMEEP integrado por el cuñado de Gustavo Martínez. Pero el punto principal radica en que por años se le practicó el descuento mensual del aporte a la Obra Social a cada trabajador pero no se depositaba en el INSSSEP generando una deuda millonaria con el organismo de la seguridad social de la provincia que antes de entregar la administración al nuevo gobierno iniciaron una serie de negociaciones que determinaron el pago de la deuda en cuotas por parte de SAMEEP pero nunca explicaron que destino le dieron al dinero descontado en efectivo a los trabajadores lo que a mi sano entender significa que podríamos estar frente a delitos contra la administración en el manejo de los dineros públicos, situación que debería ser materia de investigación por parte de los organismos de control que siempre aducen que actúan luego de finalizar el mandato de los funcionarios, cosa que no sé si tiene existencia real porque nunca pude ver que se resuelve cuando se quebranta de alguna manera la caja del estado, nunca hay culpables, por ejemplo ¿Qué resolvieron en el caso de la compra de los “catres” realizado por la Profesora Lela Rodríguez de Carrió (madre de la denunciera serial Elisa Carrió)? Podemos dar cientos de ejemplo al respecto con los mismo resultado o sin ellos, la cuestión es que pasan por el estado y se llevan puesta la caja sin ningún tipo de consecuencias.

Volviendo a la denuncia que realizaron los trabajadores de SAMEEP, que por visibilizar todo este manejo impropio padecieron sumarios administrativos, persecuciones varias y hasta golpizas, ninguna autoridad intervino(si lo hicieron ruego me disculpen pero nunca accedí a tal información)para poner coto a este tipo de manejos en la administración pública. Sería útil que las autoridades den cuenta de las actuaciones que se realizaron o realizan para esclarecer no solo la desaparición de más de 2000 millones de pesos sino una investigación seria de la administración de los recursos de las gestiones de los directorios que integraron Gustavo Martínez y su cuñado para determina no solo responsabilidades financieras sino el manejo con el personal que se vio agraviado en sus derechos como trabajadores.

Necesitamos ver un cambio de actitud por parte de los funcionarios ejecutivos y sobre todo lo que fueron elegidos por la voluntad popular, no queda espacio para la impunidad que significa una violencia que desde hace años padece la comunidad sin ningún tipo de miramientos y de manera totalmente desaprensiva por parte de las autoridades.