Se trata de la ex secretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri. También se ordenó detener al ex jefe de Contraingeligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, y a otros 20 acusados en la investigación por supuesto espionaje a funcionarios, políticos y empresarios.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, detuvo hoy a la ex secretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo; al ex jefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, y a otros 20 acusados en la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios.

También ordenó apresar a Martín Terra, otro ex agente de la AFI y ex pareja de Analía Maiorana, la actual esposa del vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, según informaron fuentes judiciales.

Villena detuvo además a los ex agentes de la AFI Jorge Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo, como parte de un total de 22 órdenes firmadas hoy.

El listado incluye a Emiliano Matta, María Mercedes Funes Silva, María Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Tenorio, María Sáez, Jorge Ochoa, Andrés Rodríguez, Gustavo Ciccarelli y Juan Carlos Rodríguez, entre otros.

Entre los detenidos hay ex agentes de la AFI, ex policías de la Ciudad de Buenos Aires y empleados del Gobierno porteño y del Ministerio del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, según las fuentes.

También quedó detenido a disposición de Villena el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, quien ya está preso en otra causa que investiga espionaje ilegal al instituto Patria, a cargo de otro magistrado de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge.

Las órdenes de detención se libraron a primera hora de la mañana de hoy y durante la jornada se iniciarán las declaraciones indagatorias, informaron las fuentes.

Villena investiga presuntas actividades de espionaje ilegal realizadas desde la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri a funcionarios; entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes se presentaron como querellantes en el caso.

También a ex funcionarios detenidos en la cárcel de Ezeiza por distintas causas penales, así como a empresarios, sindicalistas -entre ellos Pablo y Hugo Moyano- y periodistas.

Los ex agentes de la AFI detenidos integraron el llamado grupo "SuperMarioBross", que formaron en el sistema de mensajería WhatsApp para intercambiar información sobre sus "objetivos" de vigilancia.

El diputado santefesino Luis Rubeo reveló a Télam que "hay tres cuestiones centrales: la defensa de los puestos de trabajo, que la empresa no pase a manos extranjeras y saber dónde está la plata".

Por Luciano Couso|El presidente de la Comisión de Seguimiento de Vicentin creada por la Cámara de Diputados de Santa Fe, Luis Rubeo, aseguró que el objetivo del cuerpo es "saber dónde está la plata" de los créditos que la empresa recibió del Banco Nación y advirtió que en Paraguay existe una causa penal por lavado de dinero contra la filial de la firma en ese país por 200 millones de dólares.

"Cuando uno analiza históricamente el crecimiento de Vicentin, ve que en los últimos cuatro años creció del puesto 25 al séptimo, que los balances de las 20 empresas que componen el Grupo todos son positivos y que en 2018 alcanzó una facturación de 118 mil millones de pesos", dijo Rubeo en una entrevista con Télam.

De acuerdo con el expediente judicial abierto por presuntas irregularidades cometidas en la entrega de créditos del Banco de la Nación Argentina (BNA) a Vicentin, durante la gestión de Mauricio Macri, la deuda por "compra de granos" supera los 300 millones de dólares distribuida entre 1.895 clientes -según el concurso preventivo en la ciudad de Reconquista-, pero la deuda verificada por el BNA llega a 18.182.297 millones de pesos.

Rubeo aseguró que la aceitera "siguió recibiendo granos hasta el último día antes de entrar en cesación de pago", el 5 de diciembre de 2019, y planteó que los productores reclaman que si "no está la plata, que le devuelvan los granos", pero -dijo- "tampoco están los granos".

"Si a eso se le suma lo que significa el apoyo tanto de la banca pública como de la banca privada, la pregunta es, cómo nos dijeron los corredores de la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿dónde está la plata?", se preguntó.

El presidente de la comisión legislativa integrada por representantes de todos los bloques partidarios, insistió: "No están los granos ni la plata de los créditos. Y esa es la duda que nosotros tenemos ¿Dónde está la plata?".

"Vicentin tiene filiales en Uruguay, Paraguay, Brasil y Madrid; se liquidaban (las exportaciones de aceite o harina de soja) a la sucursal uruguaya, que tiene seis empleados, que a su vez lo hacía a la sucursal paraguaya, que cobraba las exportaciones", explicó.

Dijo que, de acuerdo con un informe de un estudio de abogados contratado por acreedores internacionales de Vicentin, "en Paraguay están acusados por lavado de dinero, en un proceso, una causa penal por ese delito, por 200 millones de dólares".

Una de esas empresas off shore tiene domicilio en el frigorífico Friar de la ciudad de Reconquista. ¿Cuándo inscribieron el domicilio? Unos días antes de entrar en cesación de pago", graficó.

El legislador se refirió a la sociedad uruguaya Nacadie Comercial SA, con domicilio en la zona franca de Montevideo y cuyo apoderado es un contador que figura como director de Enav SA, la firma con la que Vicentin explota sus negocios vitivinícolas.

Según la información reunida por la comisión en su primer informe, el 9 de septiembre de 2019 la firma extranjera fue radicada con domicilio en Bulevar Yrigoyen 298 de Reconquista, el mismo de la sede legal del frigorífico Friar, que pertenece al grupo.

"Yo no califico, estos son hechos objetivos, pero generan un montón de dudas", advirtió Rubeo sobre el destino del dinero del principal grupo agroexportador de capitales nacionales.

Por último, el presidente de la comisión creada en mayo pasado dijo que para los diputados "hay tres cuestiones centrales: la defensa de los puestos de trabajo, que la empresa no pase a manos extranjeras de manera de poder seguir teniendo injerencia en la comercialización de granos y saber dónde está la plata".

El ministro de Desarrollo Productivo consideró que su posterior expropiación permitirá asumir un rol de "empresa testigo con mirada estatal vinculada con el desarrollo".

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, defendió hoy la decisión del Gobierno nacional de intervenir la firma agroexportadora Vicentin y consideró que su posterior expropiación permitirá asumir un rol de "empresa testigo con mirada estatal vinculada con el desarrollo".

Por su parte, el grupo de instituciones internacionales que conforman el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales expresó "su firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales" para discutir la regularización de la deuda de Vicentin, estimada en alrededor de US$500 millones.

Kulfas -en declaraciones radiales- sostuvo que los problemas de Vicentín se presentaron en diciembre cuando entró en cesación de pagos tanto con los proveedores de granos, como con sus acreedores financieros, de los cuales a nivel nacional, el principal es el Banco Nación por un monto estimado en $18.000 millones.

“En el caso de Vicentin, hablamos de una empresa en cesación de pagos desde diciembre. Estamos hablando de 3.000 productores perjudicados”, manifestó Kulfas y afirmó que “toda la plata que Vicentin tomó y no devolvió es la que podría haber tenido otra empresa y eso es plata que no se le pudo prestar a las pymes".

Respecto al concepto de empresa testigo, el funcionario explicó que la misma contará con "una mirada estatal vinculada al desarrollo, que nos permita tener más estabilidad en el mercado de granos y en el cambiario".

La decisión del Gobierno nacional de intervenir la empresa agroexportadora fue formalizada con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado durante la víspera por el presidente Alberto Fernádez.

La norma estableció una intervención por 60 días de la empresa.

Asimismo, el Ejecutivo planteó que ante la actual situación del grupo empresario "se encuentran en riesgo no sólo los 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor y 2.057 de la planta frigorífica".

"Ante la gravedad de la situación planteada, y conjuntamente con el dictado de la presente medida, el Gobierno ha dispuesto la remisión al Congreso de un proyecto de ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la sociedad Vicentín", en el cual "se propondrá la creación del Fondo Fiduciario Agro Argentina, cuyo fiduciante y beneficiario se propone que sea el Estado nacional, y el fiduciario YPF".

Dicho proyecto de Ley, el cual trascendió hoy, prevé que tras establecer el precio de los bienes a expropiar, se pagará con la deuda que Vicentin mantiene con el Banco Nación y la AFIP y habilitará al Ministerio de Economía a "contraer, en el mercado local o internacional, empréstitos y/o a emitir títulos de deuda pública y/o monedas complementarias a fin de abonar los saldos correspondientes al proceso expropiatorio".

También indica que la totalidad de los trabajadores de Vicentin pasarán a formar parte de la planta de empleados de YPF.

La reacción de los acreedores

Por otro lado, un grupo de acreedores externos de la empresa expresó hoy "su firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales" para discutir la regularización de la deuda de Vicentin, y consideró que ello "contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía".

Este grupo de instituciones internacionales que conforman el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales, entre las cuales se encuentra el Rabobank y la Corporación Financiera Internacional, remarcó que su objetivo es "negociar conjuntamente la recuperación de los más de US$ 500 millones en préstamos otorgados a Vicentin para promover el desarrollo del sector agroexportador argentino".

En total, la deuda de Vicentin asciende a US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

El principal astillero del país se readecuó para ayudar al sistema de salud y a las víctimas de violencia.

Por Diana López Gijsberts|El Astillero Río Santiago de la ciudad de Ensenada, el más grande del país y donde se fabricó la Fragata Libertad, se readecuó para ayudar al sistema de salud ante la pandemia de coronavirus y se encarga de reparar camas hospitalarias y de armar viviendas para que las víctimas de violencia de género puedan huir de los agresores con los que conviven.

"Estamos orgullosos de dar una mano al sistema de salud en estos momentos, cuando hace unos meses nos contaron que traerían camas para reparar fueron muchos los compañeros que se ofrecieron voluntariamente a participar de este proyecto", expresó a Télam Fabián Betancourt, que desde hace 8 años trabaja en el sector Chapa Fina del Astillero.

El trabajador sostuvo: "Sentimos que el astillero, como industria naval de bandera, sigue siendo ejemplo de soberanía al ayudar al sistema de salud, que Dios quiera no desborde por el coronavirus".

"A la vez es una forma de devolver a la comunidad todo el apoyo que nos dio en los peores momentos", dijo el obrero y su mirada se ensombreció al recordar la lucha que debieron emprender en el 2018 los tres mil trabajadores cuando el gobierno de Cambiemos intentó cerrar el predio naval fundado en 1953 por el presidente Juan Domingo Perón.

A su lado, Carlos De Francesco, agregó: "Después de todo lo que pasamos, del vaciamiento, de dejarnos sin materia prima, sin insumos, es importante mostrar que el astillero tiene capacidad instalada, que la capacidad de la gente está, que acá traes trabajo y se hace".

"Aquí reparamos las camas de PAMI, que luego se entregan a hospitales; pero además hacemos camillas y bandejas para traslado de equipos quirúrgicos de acero inoxidable y hemos colaborado con los hospitales San Martín, San Juan de Dios y el Hospital de Niños de La Plata", dijo orgulloso el hombre que hace 17 años trabaja en Río Santiago.

En un taller de 110 metros de largo y respetando el uso obligatorio de barbijos, ambos trabajaban lijando, soldando y armando las camas ortopédicas que el PAMI halló en desuso en sus depósitos y entregó al astillero para su reacondicionamiento y posterior distribución en los hospitales que lo necesiten.

"Ya reparamos unas 300 camas", precisó con satisfacción De Francesco, que contó que el sector tiene un protocolo sanitario que respetan con rigurosidad para cuidarse ellos y a sus familias y que regula que se trabaje en grupos de no más de siete personas, en jornada reducida y con la presencia de personal de Mantenimiento que antes y después desinfectan cada sector, las herramientas de trabajo y los baños.

El mate no falta, pero cada uno tiene el suyo y hasta hay un plano que indica los lugares y las distancias que cada uno debe mantener al sentarse en la mesa que comparten para desayunar.

"El sector de Electromecánica se encarga después de calibrar los movimientos de la cama y finalmente se las embala y entrega al PAMI", detalló De Francesco.

El astillero no solo repara las camas que se distribuirán entre los hospitales para la atención de pacientes con coronavirus, sino que también se ocupa de ayudar a otras víctimas indirectas de esta pandemia: las mujeres a quienes el aislamiento social y obligatorio encerró en sus casas junto a sus parejas violentas y que no encuentran lugar a donde ir

Según estadísticas de organizaciones feministas, durante esta cuarentena cerca de 60 mujeres fueron víctimas de femicidio; y las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda se incrementaron en más del 40 por ciento.

Esta situación motivó que el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad bonaerense encargara al astillero Río Santiago el armado de viviendas para contención a víctimas de violencia de género utilizando contenedores.

"Encaramos con muchas ganas este proyecto que dará albergue a las mujeres que lo necesiten en este contexto de crisis sanitaria", contó Cristian Sigales, en el sector Estructura del Astillero, donde se acondicionan tres contenedores de 12 metros por 3 de ancho.

"Estamos en etapa de construcción de cada contenedor para que los tres juntos sirvan de vivienda para las víctimas. En uno de ellos estarán los dormitorios, con capacidad para tres camas; en otro se montará cocina y baño y en el tercero un comedor", detalló Sigales, que hace 23 años trabaja en el predio naval.

Junto a él, Martin Roggero, con los planos de cada contenedor en mano, mira a sus compañeros abrir ventanas y soldar puertas en cada contenedor: "Es la primera vez que adaptamos contenedores para vivienda y es buenísimo estar trabajando y dando una ayuda a las mujeres violentadas. Nos sentimos útiles, sentimos que le ponemos el pecho a este contexto y eso es importantísimo", afirmó.

Roggero dijo que una vez que terminen el trabajo en este sector, "se dará intervención a otro que se ocupará de forrar el interior de los contenedores con durlock y madera y, finalmente, ponerles electricidad".

"Gracias a la gente estamos trabajando, por el apoyo de la gente que banco nuestra lucha para que no cerraran el astillero y, al hacer estos contenedores, sentimos que devolvemos ese apoyo", concluyó Sigales.

Los funcionarios destacaron la importancia de esta propuesta educativa que brinda la UNCAUS con el objetivo de dar a conocer las características socio-políticas y económicas de Asia y su relación con América Latina, con la posibilidad de fortalecer los vínculos comerciales y diplomáticos.

En teleconferencia, el gobernador Jorge Capitanich con el Canciller Felipe Solá, el Embajador de la India en Argentina, Paraguay y Uruguay, Dinesh Bhatia, y el rector de la Universidad del Chaco Austral (UNCAUS), Germán Oestmann, encabezaron la jornada de apertura de la Diplomatura de Estudios en Asia, que dictará la institución educativa. También, participó del lanzamiento el vicerrector director de la Escuela de Negocios Chaco Austral (ENCA) Manuel García Solá.

Está dirigida a estudiantes, docentes, académicos, profesionales de distintas carreras, empleados públicos y privados y empresarios, por eso el mandatario provincial destacó que permitirá continuar con un esquema de capacitación y formación a fin de conocer y analizar las características sociopolíticas de Asia y su relación con América Latina.

“Esta diplomatura nos permitirá lograr la identificación de nuevas oportunidades para generar vínculos entre empresas, personas, para establecer mecanismos de cooperación de base estructural, para ampliar nuestra mirada desde el punto de vista de la capacidad de la oferta importable que tiene la Argentina y en particular el Chaco”, destacó Capitanich.

El mandatario subrayó la posibilidad de “asociarnos a base de empresarios locales y nacionales y con la vista de un mercado de intercambio comercial donde podamos exportar más valor agregado en origen y a su vez, ser receptores a nuevas inversiones y nuevos mecanismos de desarrollo tecnológico, porque las oportunidades son extraordinarias”.

En esa línea ponderó el trabajo de la UNCAUS, casa de estudios que “constituye un sector importante para seguir generando condiciones para el desarrollo y el progreso, no sólo desde el conocimiento sino también desde la educación transformadora de la realidad de nuestra provincia”.

Por su parte, el canciller Felipe Solá consideró que permitirá “abrir las puertas a una región enorme, estudiar cómo está compuesta cada uno de los países que la integran, su cultura, desarrollo y estar preparados para ser actores y protagonistas del futuro”. “Esta diplomatura nos da la oportunidad para capacitarnos, usando la historia y el conocimiento como palanca para el país hacia adelante”, apuntaló.

El embajador Dinesh Bhatia se refirió a la India, a su cultura, su historia, destacó contrastes y puntos en común con la Argentina indicando que ambos países “tienen un futuro cercano y amistoso”. “Yo trabajo para fortalecer estas relaciones y junto al gobernador de Chaco, con quien ya me he reunido, espero continuar en contacto y poder visitar nuevamente la provincia y también, visitar la UNCAUS”, manifestó.

Sobre la diplomatura

La propuesta educativa atiende a la necesidad de conocer más y mejor el continente asiático, en razón de la importancia geopolítica y económica que tiene en la actualidad, al tiempo que se van profundizando las relaciones con América Latina. El conocimiento más acabado de la región contribuirá a consolidar una relación de cualquier agente social, estatal o sub-estatal con cualquier otro agente del continente asiático, derivando en mutuo beneficio socio-político y económico.

La directora de la diplomatura es la secretaria de la Asociación Latinoamericana Asia y África, Lía Rodríguez de la Vega, una de las principales especialistas del continente en los países asiáticos y especialmente, la India. La coordinadora y docente de la diplomatura es Maya Alvisa Barroso y los profesores de las clases serán la misma Lía Rodríguez de la Vega junto con Juan Miguel Massot, Manuel Gonzalo, Matías Iglesias, Verónica Flores y Manuel Gonzalo.

Mariano Arcioni denunció ante el Consejo de la Magistratura al jefe de la Fiscalía de Rawson por mal desempeño en sus funciones y desconocimiento inexcusable del derecho, en la causa que investiga a un grupo de jóvenes por la violación grupal.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, denunció hoy ante el Consejo de la Magistratura al fiscal jefe de la Fiscalía de Rawson, Fernando Rivarola, por mal desempeño en sus funciones y desconocimiento inexcusable del derecho, por la actuación que le cupo en la causa que investiga a un grupo de jóvenes por la violación grupal de una adolescente.

El fiscal utilizó la frase "desahogo sexual" para referirse a la violación, al hacer el pedido de juicio abreviado, medida que consensuó con la víctima, lo que implicaría una morigeración de la pena para tres de los acusados de la violación.

El gobierno chubutense informó a través de un comunicado que la denuncia fue realizada este mediodía en el Consejo de la Magistratura, en Trelew, con el patrocinio del fiscal de Estado, Andrés Giacomone.

Arcioni pidió la instrucción del sumario de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial, y que se habilite el procedimiento tendiente a la evaluación "del arbitrario accionar" del fiscal Rivarola y posterior separación del cargo.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, denunció hoy ante el Consejo de la Magistratura al fiscal jefe de la Fiscalía de Rawson, Fernando Rivarola, por mal desempeño en sus funciones y desconocimiento inexcusable del derecho, por la actuación que le cupo en la causa que investiga a un grupo de jóvenes por la violación grupal de una adolescente.

El fiscal utilizó la frase "desahogo sexual" para referirse a la violación, al hacer el pedido de juicio abreviado, medida que consensuó con la víctima, lo que implicaría una morigeración de la pena para tres de los acusados de la violación.

El gobierno chubutense informó a través de un comunicado que la denuncia fue realizada este mediodía en el Consejo de la Magistratura, en Trelew, con el patrocinio del fiscal de Estado, Andrés Giacomone.

Arcioni pidió la instrucción del sumario de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial, y que se habilite el procedimiento tendiente a la evaluación "del arbitrario accionar" del fiscal Rivarola y posterior separación del cargo.

En su presentación, Arcioni indicó que el desconocimiento inexcusable del derecho se encuentra configurado “por imperativo legal y convencional, desde que su proceder no se compadece con los compromisos asumidos por el Estado Nacional”.

En tanto, el mal desempeño de sus funciones se materializa por “la omisión de cumplir las directivas jurídicas que le resultan exigibles como funcionario a cargo de la persecución penal, y que se desprenden explícitamente de los pactos internacionales aplicables en este caso”.

La denuncia se basa, además en que el Procurador General de la provincia , Jorge Miquielarena ordenó a los fiscales generales y funcionarios de fiscalía que ante casos de abuso sexual simple, "adopten como principio general la sanción de los responsables, oponiéndose fundadamente al otorgamiento de la conciliación y la suspensión del juicio a prueba”.

En este aspecto agregó que “la solicitud efectuada por el fiscal (Rivarola) para que se aplique el instituto del Juicio Abreviado violenta de modo manifiesto los principios de actuación establecidos en pactos internacionales, toda vez que se elude la aplicación de un `procedimiento legal justo y eficaz para la mujer’, que incluya ‘un juicio oportuno’”.

“En atención a la escala penal para este delito, que va de los 8 a 20 años de prisión efectiva, es claro que no procedía la solicitud de aplicación del juicio abreviado", detalla la denuncia presentada por el gobernador Arcioni

El fiscal Rivarola, en consecuencia "tuvo la única finalidad de beneficiar a los acusados” y añadió que “echó mano a este artilugio legal sumamente cuestionable”.

Por su parte, Rivarola reconoció hoy que “la frase desahogo sexual debe ser erradicada".

"Escribo estas líneas luego de una profunda reflexión generada a partir del impacto social y mediático", aseguró el fiscal en un largo pronunciamiento por escrito difundido por el Ministerio Público Fiscal de Chubut.

En su "mea culpa", aclaró que la frase se "produjo en el marco de un acuerdo de juicio abreviado cuyo objetivo fue lograr la condena de los acusados y que fue tomada con expresa y libre conformidad de la joven damnificada del caso, quien tuvo participación activa durante toda la investigación".

Tras esa introducción, el fiscal admitió que "la frase 'desahogo sexual' utilizada en dicha presentación, pese a su amplio y arraigado uso judicial, debe ser erradicada".

"Soy consciente, hoy más que nunca, de la importancia que tienen las palabras como instrumentos de cambio en la deconstrucción de estereotipos machistas", admitió.

La titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, afirmó hoy que "los operadores judiciales deben ser conscientes del poder de construcción de sentido que tienen sus resoluciones y entender que en los casos de violencia de género la justificación de las decisiones debe tener en cuenta a las víctimas".

La fiscal apuntó que "cuando un operador judicial minimiza o justifica en sus resoluciones el accionar de violentos o abusadores no sólo se daña a la víctima, sino que es muy grave la sensación de impunidad que construye en la comunidad la comunicación social de esa decisión".

Miembros del Observatorio de Víctimas de Delitos dependiente de la Cámara de Diputados de la Nación repudiaron hoy los dichos de Rivarola y aseveraron que "semejante alusión raya la crueldad y la insensatez hacia la joven que padeció el crimen, su familia y la sociedad".

"Los responsables de administrar justicia deben dejar de utilizar conceptos alejados de la gente, inentendibles y que solo producen más dolor a los que tuvieron que sufrir un delito", agregaron.

Amnistía Internacional se sumó al repudio que cosechó la frase del fiscal.

"Desahogo sexual es abuso sexual, es violación, es delito", afirmó un video de la organización transmitido en su cuenta de Twitter que tuvo 1,8 millones de retweets y 2,3 mil millones de adhesiones.

La decisión generó el repudio de representantes del Poder Ejecutivo nacional, del Poder Legislativo y referentes de distintos espacios políticos, sociales y sindicales, mientras escalaron en las redes los hashtags #DesahogoSexual y #ViolaciónEnManada.

"Estoy denunciando que Aranguren y otros funcionarios violaron el marco regulatorio, afectaron el funcionamiento del servicio de gas por redes y también afectaron el patrimonio de los argentinos y del Estado nacional en US$ 560 millones", señaló

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, afirmó que el exministro de Energía Juan José Aranguren habría generado "un endeudamiento espurio" de US$ 561 millones con las empresas productoras y distribuidoras de gas que "se lo transfirió a los usuarios y al Estado".

"Estoy denunciando que Aranguren y otros funcionarios violaron el marco regulatorio, afectaron el funcionamiento del servicio de gas por redes y también afectaron el patrimonio de los argentinos y del Estado nacional en US$ 560 millones", señaló Bernal a Télam.

El interventor del Enargas denunció ayer penalmente al exministro del gobierno de Mauricio Macri por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, en una violación a la ley del Gas, la 24.076, respecto a los contratos que fijaron el precio en 2018.

Esta mañana, el funcionario puso en conocimiento sobre la denuncia penal al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, y precisó que "el perjuicio económico calculado por el Enargas, que figura en la presentación, ascendería a US$ 561 millones, de los cuales US$ 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco; mientras que US$ 168 millones contra los usuarios del servicio público de gas por redes".

Bernal puntualizó a esta agencia que "ni bien asumió, Aranguren aplicó esa suerte de tablita de precios en dólares que se nos iban a las nubes" y remarcó que se trató de "valores irrisorios e injustificables".

El denunciante explicó que "una vez que terminó la Ley de Emergencia, en 2017, y se suponía que las empresas tenían que negociar y el Estado regular ese precio, Aranguren dijo 'ahora fijamos por dos años los precios en dólares' en una economía que se venía abajo, y que además funciona en pesos".

"Eso produjo el descalabro de las cuotas, del endeudamiento espurio que se provocó y que además se lo pasaron a los usuarios y al Estado nacional", subrayó Bernal, quien sostuvo que "son delitos sofisticados de gente que detesta el país en que viven".

El interventor aseguró que "esto fue inédito en la comercialización del gas" y remarcó que Aranguren y el resto de los funcionarios denunciados "se habrían asegurado que el valor dólar se pase a la tarifa y evitarían cualquier fluctuación de una economía argentina sumida en la inflación y la variación del mercado de cambios".

A su criterio, "en ese pacto se habrían asegurado por dos años las ganancias de las empresas productoras de gas contra la ley".

Bernal agregó que "habrían pactado por debajo de la mesa un precio uniforme del gas en boca de pozo en dólares y manipularon la regulación para trasladarlo a la tarifa que debían soportar todos los usuario del país" y puntualizó que "los acuerdos se realizaron entre productoras y distribuidoras, todo a espaldas de la ley".

La denuncia penal, que recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, incluye también a Marcos Porteau, exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía durante la gestión de Cambiemos; Mauricio Roitman, expresidente del directorio del Enargas; y demás integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador.

"Quiero comunicarles que dio negativo el hisopado que me realicé esta tarde. Seguiré cumpliendo con el protocolo Covid-19", indicó el ministro de Desarrollo Social.

El ministro Daniel Arroyo aseguró que "dio negativo el hisopado" que se realizó para saber si se había contagiado de coronavirus, luego de confirmarse que se infectó con Covid-19 el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, con quien había estado en contacto en los últimos días.

"Quiero comunicarles que dio negativo el hisopado que me realicé esta tarde. Seguiré cumpliendo con el protocolo Covid-19 que indica el @msalnacion. Gracias por los mensajes y el afecto que me brindaron en estas horas. Mucha fuerza querido @minsaurralde", escribió esta noche Arroyo en su cuenta de la red social Twitter.

Esta tarde Arroyo inició un "protocolo de aislamiento" por 14 días, a partir de la noticia sobre el contagio de Insaurralde, quien es persona de riesgo y esta noche fue internado por precaución.

De esta forma, Arroyo se convirtió en el primer funcionario nacional en cuarentena estricta, aunque los resultados son negativos de coronavirus y no tiene ningún tipo de síntoma.

La confirmación de coronavirus de Insaurralde impidió que el presidente Alberto Fernández y su comitiva, de la que formaba parte Arroyo, continuara hoy viaje hacia Catamarca desde La Rioja.

Arroyo entonces se separó del grupo que acompañaba al jefe de Estado y emprendió viaje por separado a Buenos Aires.

"Queridos catamarqueños y catamarqueñas yo estoy aquí en La Rioja a punto de despegar para Catamarca cuando nos enteramos que un querido amigo nuestro, Martín Insaurralde, se ha contagiado de coronavirus. Hace unos días atrás estuvo Daniel Arroyo con él y el riesgo del contagio existe", expresó el Presidente, en un video que difundió para anunciar su decisión de suspender la visita a esa provincia, en la que no se registraron casos sospechosos ni enfermos de Covid-19.

El presidente Alberto Fernández anunció una nueva prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio para algunas zonas del país. Estuvo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio continúa hasta el 28 de junio, sólo en los lugares donde haya circulación comunitaria del virus, como el AMBA, el Gran Chaco, el Gran Córdoba y Trelew, mientras otras zonas del país, con pocos o nulos casos, entrarán, desde el próximo lunes y por 21 días, en una etapa de "distanciamiento social, anunció esta noche el presidente Alberto Fernández, desde la Residencia de Olivos.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa que ofreció esta noche en la quinta presidencial, en la que estuvo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Hemos hecho bien las cosas como sociedad", afirmó el jefe de Estado, quien inició la conferencia con la presentación de un video en el que mostró la situación por la pandemia de coronavirus en el país.

Asimismo, sostuvo que "los resultados siguen siendo buenos" como país, pero advirtió que "la responsabilidad social es muy importante" para que continúe en esa línea.

El Presidente aseguró que la "circulación comunitaria" del virus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocó el crecimiento de casos de Covid-19, situación que, dijo, retrotrajo la idea de mayores aperturas en el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En ese sentido, sostuvo que se mantendrá el "aislamiento" en los lugares donde haya circulación comunitaria del virus, como el AMBA, el Gran Chaco, el Gran Córdoba y Trelew, mientras que en el resto del país, con pocos o nulos casos, se implementará un "distanciamiento social preventivo".

El jefe de Estado afirmó que "todos los gobernadores" están "de acuerdo" con la extensión del aislamiento obligatorio en las zonas con mayor circulación de coronavirus.

Asimismo, precisó que 127 millones de pesos, contenidos entre los "gastos reservados" de la AFI, fueron destinados a grupos de científicos para desarrollar kits de testeos (50 millones de pesos) y a médicos comunitarios que se desempeñan en el interior del país (77 millones de pesos).

También el jefe de Estado aseguró que el Gobierno continuará con la ayuda a distintos sectores para "sobrellevar" los efectos económicos y sociales de la pandemia y resaltó que el Estado destinó el 2,6 por ciento del PBI, en los distintos tipos de medidas de contención, como el IFE, la AUH y los ATP, entre otros.

"Vamos a continuar con las ayudas para sobrellevar" los efectos de la pandemia, manifestó.

Por otra parte, en el marco de las preguntas que le realizaron en la conferencia de prensa, adelantó que se está analizando la posibilidad de un regreso a las clases en escuelas rurales y localidades del interior del país en las que no haya circulación comunitaria de coronavirus.

El Presidente, en otro aspecto, aseguró que apuesta a "la construcción de un nuevo contrato social" y subrayó que el Gobierno, los empresarios y los trabajadores creen en la "necesidad de que la Argentina encare su futuro a partir de acuerdos estructurales".

"Que nos reunamos con empresarios y trabajadores debe ser lo normal porque allí es donde se construye el futuro", dijo el jefe de Estado, quien agregó que "todos queremos que esto pase (por la pandemia de coronavirus) para ponernos a trabajar en el desarrollo económico y social del país".

Al responder otra consulta, dijo que en estas condiciones de la pandemia "no se puede" todavía habilitar cualquier tipo de actividad turística, porque "el riesgo de contagio es muy alto".

El Presidente, que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo, mantuvo esta mañana una videoconferencia con los gobernadores y por la tarde recibió al comité de expertos médicos y científicos para analizar la situación de la pandemia, antes de anunciar hoy una nueva prórroga del aislamiento, que en este caso superará los 14 días y será de 21 días.

Las frases del Presidente:

"Los resultados siguen siendo alentadores".

"Hemos hecho las cosas bien como sociedad".

"El escenario cambió por la circulación. Todos los gobernadores han detectado eso, vecinos que visitan la zona del AMBA y vuelven a sus provincias".

"Tenemos que entender que no hemos superado el problema".

"Vamos a sostener el aislamiento social en todos los lugares en el que haya circulación comunitaria del virus. El resto del país seguirá en una nueva fase que se llama distanciamiento social obligatorio".

"Estamos dando un nuevo paso para que el país agilice su economía".

"Vamos a seguir con el pago de la IFE. Con las ayudas a las Pymes".

"Vamos a pagar en primer bono a los trabajadores de la sauld".

"Vamos a ampliar esto por 21 días".

El extitular de Federación Agraria Argentina (FAA) descartó que el Gobierno Nacional encare una política estatizadora que "amenace la propiedad privada". A su vez, entendió que el origen del conflicto es el mal manejo de los recursos que hizo la empresa: "Cuando dicen que el Gobierno está siguiendo el camino de Venezuela se equivocan, Argentina va por el camino de los países europeos que salieron a salvar empresas golpeadas por esta maldita pandemia", destacó.

El expresidente de Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, analizó el conflicto planteado en torno al futuro Vicentín, una de las principales exportadoras de granos del país, y por lo tanto generadora de divisas. Así, sentenció que el problema no lo ha generado la palabra intervención pronunciada por el presidente de la Nación, sino "lo mal que ha manejado la cosa la empresa y la cantidad de dolientes que ha producido"

La opinión del dirigente ruralista no es una más en el maremágnum de consideraciones y análisis que se pueden encontrar sobre la polémica por estas horas: Buzzi fue una de las figuras centrales del sector que más se opuso y luchó contra la recordada Resolución 125, lo que a la postre fue el mayor escollo político que debió superar la administración kirchnerista en sus 12 años.

En las últimas jornadas, y sobre todo después de las manifestaciones en "apoyo a la propiedad privada" realizadas el fin de semana, algunos analistas pretenden hacer de la "causa Vicentín" una especie de remake de aquel conflicto de 2008, aunque los actores y los procesos sean absolutamente disímiles. Con la frontalidad que los caracteriza, Buzzi aseveró en diálogo con Radio Provincia que "la mitad de la deuda de Vicentín es con gente que le dio los granos en confianza" y añadió que "muchos de ellos son chaqueños,que hoy están en la cola de los estafados". "Es necesario explicarle a todos el grado de monstruosidad de lo que hizo Vicentín, incurriendo en desvíos de fondos, no pago de impuestos y dilapidación de fondos que recibió del Banco Nación; entre muchas otras", resumió.

Largo camino

El dirigente admitió que la actual es una situación "cambiante", pero entendió que hay que situarse en el origen del problema, porque hace 10 días el Gobierno Nacional decidió intervenir la empresa pero el conflicto viene de mucho antes, "en particular en los últimos tres o cuatro años".

En esa línea, recordó que durante los primeros días de diciembre la empresa informó que no iba a pagarle a los productores, a los acopiadores y cooperativas. "El problema es qué hizo Vicentín con los recursos y granos que le entregaron, y con el fangote (sic) de dinero que recibió del Banco de la Nación Argentina", planteó.

Buzzi indicó que hay informes que demuestran que, por ejemplo, uno de los principales acreedores es una empresa propia radicada en Uruguay. "Esto no es casualidad, ellos son acreedores de sí mismos, por cientos de millones de pesos; pero lo más importante es que la mitad de la deuda de Vicentín la tiene con gente que le dio los granos en confianza", expuso.

El dirigente entendió que hay información suficiente para asegurar que el "lamentable" el manejo que hizo la empresa de los recursos y aportó que "en el Chaco hay muchos productores vinculados con la empresa por la cercanía con Avellaneda (Santa Fe) donde está radicada Vicentín".

Soluciones posibles

El dirigente ruralista consideró que el Gobierno Nacional, primero, y el del Santa Fe, después, están intentando encontrar "una solución". "Pero vemos, curiosamente, una contraofensiva de los dueños de Vicentín y de algunos grandes medios nacionales confundiendo a la gente que culmina en un banderazo en defensa de unos piratas que realmente cuesta entender", consideró.

Buzzi opinó que "puede haber gente opositora al Gobierno, pero deberían plantearlo en esos términos, y no salir a calle a defender a esta empresa". En definitiva, para el dirigente la intervención impulsada por el Gobierno Nacional "es oportuna" porque de lo contrario se iba a "desguazar" a la empresa para entregarla a inversionistas extranjeros.

Por este camino, se "carteliza" la comercialización de granos, lo que a la vez genera que dos o tres operadores decidan el precio de la producción local. "Que haya una empresa testigo, de origen estatal mixta con el movimiento cooperativo, es una buena propuesta que el juez de la quiebra debería observar con mucho detenimiento porque además evita llegar a la expropiación", analizó el ruralista

Para Buzzi, los sectores que confrontan con la administración que conduce Alberto Fernández, "agitan cualquier fantasma, como la ola estatizadora, para confundir a los desinformados y mal predispuestos con el Gobierno". "Cuando dicen que el Gobierno está siguiendo el camino de Venezuela se equivocan, Argentina va por el camino de los países europeos que salieron a salvar empresas golpeadas por esta maldita pandemia", cerró.

La exjueza y referente de Justicia Legítima será nombrada subsecretaria de Asuntos Penitenciarios desde donde ejercerá la intervención del SPF. Es la primera mujer que estará a cargo de esa institución.

La exjueza María Laura Garrigós de Rébori, la primera presidenta de Justicia Legítima (JL), será designada subsecretaria de Asuntos Penitenciarios desde donde ejercerá la intervención del Servicio Penitenciario Federal (SPF), un cargo clave que había provocado tensión interna en el gobierno. Es la primera mujer que formalmente estará al frente de esa institución.

El nombramiento de la exintegrante de la Cámara Nacional de Casación Penal -se jubiló en 2018- se conoce luego de que el SPF quedara en la mira judicial en la causa por espionaje ilegal que tramita en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Este miércoles, en el marco de este expediente, se allanó el Complejo Penitenciario de Ezeiza, por ejemplo. Con su postulación, el presidente Alberto Fernández replica el modelo de intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. Allí, Fernández designó a la fiscala Cristina Caamaño, actual presidenta de JL.

La subsecretaría en la que recalará Garrigós de Rébori estaba vacante. Es el cargo que en tiempos de Macri llegó a ejercer el actual Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques, acusado de ser uno de los impulsores del Lawfare. Un sector quiso nombrar allí a Emiliano Blanco, Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal desde 2014 hasta hace pocos días pero el ala kirchnerista puso fuertes reparos ya que consideraba que bajo su gestión durante el macrismo fue funcional a la persecución política de opositores. De hecho, Blanco presentó su renuncia recientemente cuando empezó a avanzar la causa de Lomas de Zamora donde se investiga a una organización criminal con terminales en distintos organismos estatales. Por eso, Garrigós tendrá a su cargo la intervención del SPF.

Garrigós de Rébori tiene 40 años de trayectoria en el Poder Judicial y estará a cargo de la intervención del SPF cuando se empieza a desbaratar la persecución arbitraria contra distintos dirigentes que se impartió durante el macrismo.

Según pudo reconstruir este medio, cuando fue a reconocer las pruebas del espionaje en su contra, este lunes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó sorprendida con los elementos que comprometen al SPF. En el marco de esa causa que impulsa el juez Federico Villena y la fiscala Cecilia Incardona, donde hay agentes de la AFI y de distintas Fuerzas de Seguridad imputados, se habían realizado allanamientos en dependencias del servicio.  

El 27 de mayo, Villena allanó dos establecimientos del SPF: la Dirección de Inteligencia, a cargo de Cristian Suriano, y el Departamento de Seguridad. Ese mismo miércoles, Suriano pidió el retiro, después de 30 años de servicio. La decisión coincidió con que aquel día el magistrado de Lomas de Zamora retiró mucho material tanto en papel como digital. “Cómo puede ser que desde el Servicio Penitenciario Federal se llevaron acciones lesivas a los Derechos Humanos. Y se están poniendo en cabeza de funcionarios que todavía seguían prestando funciones en este gobierno. Tenemos que estar muy atentos de la manera de cómo esta gente mafiosa se va reconvirtiendo”, afirmó en declaraciones a C5N el abogado Carlos Beraldi, quien acompañó a Cristina en la audiencia para reconocer las pruebas del espionaje ilegal en su contra.

Con la postulación de Garrigós de Rébori, Fernández reedita el modelo de gestión de la AFI. Ubica al frente de una dependencia estratégica a una mujer vinculada al mundo judicial y a Justicia Legítima. El objetivo parece claro: hacer orden en un lugar que en los últimos 4 años estuvo estrechamente relacionado con los sótanos de la democracia.

Los cinco jóvenes señalados como "la manada de Chubut", que habían sido acusados de violación grupal de una chica de 16 años en 2012 en Playa Unión, no tendrán pena de prisión ya que el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, disminuyó la calificación de "abuso con acceso carnal" a "abuso sexual simple" y consideró que se trató de un "accionar doloso de desahogo sexual".

El fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, aceptó el pedido de la defensa de los cinco imputados y ninguno de ellos, con la nueva calificación, será encarcelado.

La medida judicial que trascendió en medios chubutenses fue confirmada a Télam por los penalistas que intervinieron, aunque pidieron estricta reserva por otro fallo que con anterioridad estableció la restricción de brindar los nombres de los imputados, todos de conocidas familias de Trelew y Puerto Madryn, algunos menores al momento de los hechos.

Dos de los imputados habían sido sobreseídos porque eran menores de edad y los tres restantes admitieron haber cometido "abuso sexual simple", es decir "manoseos y tocamientos pero sin acceso carnal" por lo que irán a juicio abreviado en el que se aseguran una pena menor a tres años, es decir de prisión en suspenso.

Uno de los abogados defensores que aceptó dialogar con Télam a condición de no revelar su identidad explicó que "el episodio fue denunciado 6 años después de ocurrido y la chica asegura que no se acuerda de nada, con lo que no hay forma de acreditar el supuesto delito y todo queda en la palabra de uno contra la del otro".

En un comunicado institucional que emitió hoy la fiscalía justificó la expresión y aclaró que "el abuso sexual es justamente una conducta que busca el desahogo sexual del autor”

Colectivos feministas expresaron su repudio a través de las redes sociales al trascender el fallo y la expresión que empleó el fiscal al fundamentar su medida y establecer que no se trató de un abuso agravado sino de un "accionar doloso de desahogo sexual".

En un comunicado institucional que emitió hoy la fiscalía justificó la expresión y aclaró que "el abuso sexual es justamente una conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima, que va a cometer una ataque sexual, que se trata de un delito, y consciente de ellos avanza sin consideración del daño que va a provocar en esta".

"Eso es dolo", aclara el pronunciamiento del ministerio público y "por eso, en el contexto de una exposición, el uso de la frase 'desahogo sexual doloso', resume lo que escribimos en varios renglones fundamentalmente si se hubiera utilizado en el contexto de audiencias o escritos reservados a los que solo debieran acceder profesionales del derecho".

El caso transcurrió en estricto hermetismo hasta ahora porque a las características de reservas del caso que impone la presencia de menores se sumó el aislamiento por la pandemia que redujo la actividad judicial y desvió la atención pública hacia otros temas.

Si bien los hechos ocurrieron en 2012, la causa se inició recién hace un año cuando la joven identificada como SAVD aceptó radicar formalmente la denuncia que hasta ese momento había descrito solamente a través de su cuenta en Facebook.

Según lo que la joven describió en su momento "habíamos ido una fiesta a la casa de RV y a poco tiempo de llegar perdí la conciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones (EQ, LDV, LM, RV) mientras JP era testigo y TS sostenía la puerta evitando que entre alguien o que pueda salir", contó.

La joven -hoy mayor- asegura que cuando reaccionó "estaba en estado de shock y como estaba desnuda" buscaron su ropa, "que estaba desparramada en la habitación oscura y llena de camas donde sucedió la violación".

"En ese momento -prosigue- el dueño de la casa echó a todo el mundo de la fiesta al grito de que no cuentan nada. Al volver a (Puerto) Madryn tuve un intento de suicidio, me encontraron mi mamá y mi papá y les conté lo que pasó, me llevaron al médico e hicieron el protocolo para la atención integral de la víctima de violencia sexual".

La primera audiencia se realizó el 1 de agosto del año pasado y a poco de comenzar la investigación uno de los señalados (JP) fue desvinculado por haber sido ajeno al episodio aunque estuvo en la escena.