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 Se busca accionar en el mismo desmonte al momento que se produce. Además se secuestrarán maquinarias y madera. Habrá fuertes penas y multas a los responsables.
Con el fin de poner un freno a la problemática de los desmontes ilegales, que alcanzan las 40 mil hectáreas en tierra fiscales y que causan un gran daño económico y ecológico, el Gobierno provincial, junto al Poder Judicial, trabajan en la coordinación de acciones fin de intervenir de forma rápida e inmediata en el mismo desmonte, proceder en el secuestro de la madera, de la maquinaria, sin su posterior devolución y la aplicación de fuertes penas o multas.
El gobernador Jorge Capitanich mantuvo un encuentro en la noche del miércoles con el titular del Ministerio de Economía, Eduardo Aguilar, el del Ministerio de Gobierno, Jorge Alcántara; el procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Canteros y el jefe de la Policía del Chaco José Benítez.
Del mismo surgió la necesidad de coordinar acciones entre estas áreas “para lograr la intervención rápida del Gobierno y la Justicia en los desmontes por que muchas veces, cuando son detectados, se secuestra la madera, pero el desmonte ya esta hecho”, explicó Alcántara.
“La idea es una intervención en los mismos desmontes, a través de la fuerza policial, de los jueces de Paz, donde se proceda al secuestro de la totalidad de maquinarias involucradas en el hecho”, agregó el funcionario.
COORDINACIÓN Y ACCIÓN
Con la coordinación del Ministerio de Economía, Producción y Empleo, a través de la Dirección de Bosques, la Policía de la provincia y la Procuración General se busca poner un freno a los desmontes ilegales que afectan a la provincia.
“Entendemos que para lograr esto necesariamente debe producirse una trabajo conjunto con las distintas áreas implicadas”, consideró Alcántara. El funcionario explicó que actualmente se logran detectar los casos una vez consumado el hecho, y que si bien se procede al secuestro de la madera, el daño a la flora local ya esta hecho.
“Queremos intervenir en los mismos desmontes, a través de la fuerza policial, y de los jueces de Paz, que al tratarse de una cuestión contravencional, deben dar la orden a los fines de que la Policía pueda intervenir en un hecho en curso y secuestrar la totalidad de maquinarias involucradas en el hecho”, detalló el titular de la cartera de Gobierno.
DURAS PENAS
Alcántara describió que comúnmente los responsables son “organizaciones, grupos de personas muchas veces ajenas a la provincia, que lógicamente buscan un dividendo económico”.
Por lo que resaltó “lógicamente la respuesta del Estado no debe ser solamente la aplicación de una multa, por que la pagan como si nada, la idea es que la paguen con libertad y obviamente que paguen con el secuestro de la totalidad de maquinarias involucradas en este proceso”.
En cuanto a la forma de lograr este objetivo propuesto el funcionario describió que buscan determinar los puntos de referencia a través de la utilización del helicóptero provincial y el inmediato envío de los inspectores. “Cuando se detecta con el helicóptero es por que se observa una zona de desmonte, mas allá del secuestro de la madera y de la maquinaria, la idea es la imposición de fuertes multas, la no devolución de las maquinarias y analizar la conducta que es lo que hablamos con la gente de la procuración”, sostuvo Alcántara quien subrayó “fundamentalmente si nos encontramos ante la presencia de situaciones de fraudes al fisco con guías de transportes inexistentes o falsificadas, también cuando los desmontes se producen en terrenos fiscales y en estos casos entrarían en una situación penal que prevé altas penas de prisión “, finalizó 
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