Gravísima denuncia penal de Romanut contra el fiscal de estado Osvaldo Simoni Imprimir
lunes, 20 de septiembre de 2010
Amilcar Romanut denunció al fiscal de estado Osvaldo Simoni por POR PREVARICATO, ABUSO DE AUTORIDAD, MAL DESEMPEÑO DE FUNCIONARIO PÚBLICO; FRAUDE PROCESAL Y CON EL PROCESO; MANIFIESTA IGNORANCIA DEL DERECHO; FALTA DE OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDADPOR PREVARICATO, ABUSO DE AUTORIDAD, MAL DESEMPEÑO DE FUNCIONARIO PÚBLICO; FRAUDE PROCESAL Y CON EL PROCESO; MANIFIESTA IGNORANCIA DEL DERECHO; FALTA DE OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD

Nueva arremetida judicial contra la inconstitucionalidad de los “jueces” Ávalos, Franco y Toledo que resisten en el cargo de manera inexplicable como resabio del rozismo. En este caso Amílcar Romanut centra su presentación sobre el Fiscal de Estado por prevaricato, abuso de autoridad, mal desempeño de funcionario público y otras figuras penales. En el desarrollo de la nota la presentación completa.


 

HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES
MANIFIESTA Y DENUNCIA: PREVARICATO; MAL DESEMPEÑO DE FUNCIONARIO PÚBLICO;

Al Señor Procurador General
del Poder Judicial de la Provincia del Chaco
Dr. JORGE EDGARDO OMAR CANTEROS:

                        AMILCAR RODOLFO EDUARDO ROMANUT, L.E.Nº 07.910.079, por su propio derecho, constituyendo domicilio real y legal en calle Cervantes 576, Resistencia, Chaco, y GUSTAVO ADOLFO MÜLLER, abogado, por su propio derecho, se presentan por ésta vía en los autos principales caratulados “GAIT, JORGE ANTONIO; ROMANUT, AMILCAR RODOLFO EDUARDO; MÜLLER, GUSTAVO ADOLFO S/ ACCIÓN DE IN-CONSTITUCIONALIDAD” Exptes.Nº 42.857 año 1997, de los Registros del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Secretaría Nº 3;  como mejor proceda comparemos ante el Señor Procurador General del Poder Judicial del Chaco, y respetuosamente DECIMOS:
                        I.- OBJETO:
                        Conforme a los antecedentes de hechos y derecho que expondré, vengo a manifestar contra el Fiscal de Estado de la Provincia , señor OSVALDO JOSE SI-MONI; por PREVARICATO, ABUSO DE AUTORIDAD, MAL DESEMPEÑO DE FUN-CIONARIO PÚBLICO; FRAUDE PROCESAL y con EL PROCESO; MANIFIESTA IGNO-RANCIA DEL DERECHO; FALTA DE OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD; viciado aún más por el incumplimiento de las normativas de la Constitución Nacional y Provincial, de la Ley 2.660 (t.a.) en forma conjunta con el Tribunal interviniente que también incumplie-ron la Ley 3, como también con el Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincia , y Magistrados y Funcionarios que actuaron y otros cargos que surjan y que se solicita su investigación.-
                        La manifestación se realiza, en la tipificación de varios delitos concurren-tes normados por el Código Penal de la Nación , el Código Procesal Penal, y más aun te-niendo en cuenta la desobediencia a la norma surgente, y para que ello se sustente aún más, de las pruebas ofrecidas, y en base a ello es que vengo por éste acto invocando que: ... Las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias.- ... No son declaraciones, derechos y garantías, simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que los contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación.- (Del voto del Dr.Boggiano:- Corte Suprema, 16/09/1999 - Ganora, Mario F. y otra s/hábeas corpus - JA 2000-II-43) ...; bajo las nor-mas vigentes, según pruebas que se ofrecen.-
                        Es por ello que la justicia requiere que cada uno de los agentes que in-tervienen en ella lo hagan con rectitud, lealtad y fidelidad.- En el Capítulo del Prevari-cato del Código Penal Nacional, se describen y reprimen conductas que devienen incom-patibles con tales lineamientos, y es la aplicación que se deberá introducir para el caso.-
                        II.- MANIFESTACIÓN PREVIA I:
                        El Código Penal Nacional, Comentado y Anotado, Parte Especial, La Ley , al tratar el Capítulo supra citado, nos dice sobre las Consideraciones sobre el bien jurídico protegido, que el delito en análisis atenta contra la administración pública y, especialmen-te, contra la administración de justicia, y esto es lo que se tipifica ante los actos realiza-dos por Osvaldo Simoni.-
                        Y ello es así pues tanto los abogados que patrocinan, como los mandata-rios que representan a la parte en juicio, son sujetos que perfeccionan la relación proce-sal, máxime teniendo presente la total falta de legitimidad de personería para actuar de Osvaldo Simoni por él mismo manifestado públicamente.- Su desenvolvimiento, como también el del juez, hace al correcto desarrollo de la actividad jurisdiccional, cosa que no ha sucedido en  la causa señalada, ya que ambos actores, Fiscal de Estado y Magistrados han actuado a contra legem, incurriendo en todo tipos de delitos que corrompen desde sus principios la Constitución de la Provincia y Nacional, y por ende sus leyes.-
                        El perjuicio ocasionado por la comisión de éste delito, consiste en la pér-dida de cualquier posibilidad procesal que redunde en el menoscabo del interés de la par-te o de las partes.- No tiene por qué importar un perjuicio de tipo económico.- Resulta sí indispensable para conformar la estructura típica, que el perjuicio fuere ocasionado por la actitud asumida en la causa por el agente; de lo contrario no habrá delito, y el ejemplo que nos traen es: letrado que omitió contestar excepciones, pero el juez rechaza la de-manda por otros motivos; en la causa principal tenemos ejercicio de los profesionales (Magistrados y el Fiscal de Estado) de mayor talante que el que enunciamos como ejem-plo.-
                        Esta causa se vio perjudicada por haberse perdido en tiempo y forma la controversia por la falta de legitimidad de Simoni, o sea:
Por haber actuado el Fiscal de Estado, conforme analizaremos, sin tener LIGITIMIDAD (personería), además de haber dejado sin tratar otros temas, como por ejemplo el de haber incumplido la no notificación a su jefe inmediato (Jefe de Estado) para estos casos (traslado de inicio de una demanda) y otras normativas que surgen de la Ley de Fiscalía de Estado.-
                        La doctrina y el accionar cotidiano, nos indica que el modo comisivo (el dolo) se consume en el mismo momento acto en que el juez (que en éste caso también actuó en el mismo dolo) suscribe la resolución que corre a contra legem, porque el accio-nar de los mencionados –Fiscal de Estado, Juez presidente de trámite, y los otros inte-grantes del Tribunal que omitieron actuar- es un delito que al cometer atentaron con la administración de justicia, mutilando la justicia que debió tener otro camino procesal, porque aquí, el Tribunal permitió conscientemente que dicho acto, reitero, se consuma.-
                        La jurisprudencia tiene dicho que el prevaricato, hecho público como el caso que nos ocupa, debe tener un dolo especial, aquí nos encontramos con un dolo cometido por un Fiscal de Estado, un Tribunal, y ello es así porque el dolo se ha consumi-do en perjuicio de la administración de justicia de toda la sociedad, por lo tanto no se podría encuadrar en tentativa, porque el dolo está demostrado, y el fraude procesal y fraude con el proceso, no se ha cometido con ligereza o error, se ha cometido premedi-tadamente.-
                        MANIFESTACIÓN PREVIA II:
                        Ésta basada en el estudio realizado en base a distintos diccionarios, enci-clopedias, doctrinas y todo otro elemento que hacen para la justificación del ilícito que se está presentando, prevaricato, que también hace base fundamental como acto la mani-fiesta CORRUPCIÓN ejercida por los funcionarios involucrados.-
                          Es de público conocimiento que el Prevaricato en la justicia o en el orden de los poderes, es un delito comparable al incumplimiento de los deberes de fun-cionario público.-
                          La prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria o promueva actos en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución o acto es injusto.-
                        Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad o tomar deliberadamente una función que no le corresponde de conformidad a los antecedentes.- Está sancionado por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración.-
                        Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un fun-cionario o juez en el ejercicio de sus competencias, tal lo desarrollamos en el punto anterior.-
                        La misión de los jueces es la de aplicar el derecho vigente al caso con-creto.- El ejercicio de esa función se denomina jurisdicción.- Es decir, la esfera o el ámbi-to en el cual se puede desenvolver un funcionario judicial.- Cuando un juez se aparta vo-luntariamente de la aplicación del derecho al caso concreto comete un delito del derecho penal que se denomina prevaricato.-
                       Los requisitos que se deben tener presente al momento de dilucidarse la prevaricación es: 1) Que la persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario; 2) Que esté en el ejercicio de su cargo, y que, para el caso de un juez la re-solución injusta y para el profesional que actúa, se dicte y actúe sabiendo que lo es.- De-be existir dolo.-
                      Los ejemplos pueden considerarse varios, pero tratemos como caso con-creto y se puede citar como ejemplo de prevaricato a las conductas mediante las cuales los jueces dictaren resoluciones contrarias a la ley expresa o, funden dichas resoluciones en hechos falsos u otras resoluciones falsas y que el profesional actúa a contra legem y más si el mismo cumple una función pública.-
                        Lo que vería agravado si esta conducta, del juez o profesional, tiene lu-gar en causas criminales condenatorias o sea donde las libertades de las personas se vean comprometidas.-
                        Como ejemplo de pena podemos citar al Código Penal Argentino que en su Capítulo X, Art. 269 establece multas e inhabilitación absoluta perpetua para el primer caso y, reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el segundo, para noso-tros sería el caso del señor MONDINO que transgrede al firmar él solo como Tribunal, cuando en realidad son cinco, y los otros cuatro por OMISIÓN, ya que no actuaron en varios resolutorios.-
                        No solo los jueces son pasibles de penas por prevaricato.- También los abogados.- El Código Penal argentino en el Cap. X Art. 271 impone sanciones de multa e inhabilitación temporal hasta 6 años al abogado o mandatario judicial que perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada.- Y según el Art.272 la disposición del Art. 271 será aplicable a los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades.-
                        O sea que, tenemos un tribunal que prevaricó y un Fiscal de Estado que también prevaricó por haber actuado en la contestación de una demanda cuando hacía tiempo públicamente se había INHIBIDO de actuar en actos donde se trataran resolucio-nes por él firmadas, a favor o en contra, de nombramiento inconstitucionales del Superior Tribunal de Justicia y por no haber actuado en defensa de la constitución en los dos casos nombrados y en el tercero por omitir la defensa de la Constitución siendo Fiscal de Esta-do.-
                       Partiendo de un análisis del Derecho Constitucional Comparado, nos en-contramos con que el Código Penal Uruguayo, en su Título V, De los Delitos Contra la Administración de la Justicia , Capítulo IV, Prevaricato, establece: CAPITULO IV Prevarica-to:
Artículo 194. (Asistencia y consejo desleal).. El abogado o procurador, que faltando a sus deberes profesionales, perjudique los intereses de la parte que defiende o represente ju-dicial o administrativamente, será castigado con 100 U.R. (cien unidades reajustables) a 900 U.R. (novecientas unidades reajustables) de multa e inhabilitación especial de dos a ocho años;
Artículo 195. (Circunstancia agravantes).- Que constituyen circunstancias agravantes es-peciales: 1. Que el hecho se haya efectuado por el culpable, mediante colusión con la contraparte; 2. Que el hecho se haya efectuado en perjuicio de un sujeto sometido a un proceso criminal;
Artículo 196. (Otras infidencias del abogado o procurador).- El abogado o procurador de una de las partes, que diere consejo, prestara asistencia, o ayudara de cualquier manera en juicio, a la parte contraria, directamente o por interpuestas personas, será castigado con 20 U.R. (veinte unidades reajustables) a 500 U.R. (quinientas unidades reajustables) de multa e inhabilitación especial de dos a seis años.-
                        Queda claramente fundamentado el principio de ilegalidad, arbitrariedad y prevaricación tanto de los jueces que actuaron y los otros que no actuaron, de la secre-taria actuante y del Fiscal de Estado, por la falta de objetividad e imparcialidad y de MO-RALIDAD, también debe tenerse presente al momento de tratar la denuncia, al estar cla-rificada las figuras que se denuncias que son base de la existencia del dolo.-
                        Para darle más claridad a lo ya manifestado, analizaremos el Vicios de la voluntad.-
                        Se denominan a los vicios del consentimiento o vicios de los actos voluntarios a ciertos defectos congénitos de ellos, susceptibles de producir la invalidez de los actos que los padecen.-
                        Un acto jurídico se reputa voluntario cuando es serio, manifestado, sin-cero y libre y espontáneo.- Si falla cualquiera de estas características estamos frente a un acto jurídico que no producirá sus efectos propios, o sea, el denunciado lo hizo pública-mente y con profunda claridad.-
                        Teniendo en cuenta estas características:
Obstan el discernimiento: la inmadurez y la insania;
Obstan la intención: el error o ignorancia y el dolo;
Obstan la libertad: la violencia, la simulación y el fraude, aunque algunos estudiosos del derecho incluyen a la lesión.-
                        Es así que deberá tenerse presente los Vicios que afectan la inten-ción:
Error e ignorancia: El error es el conocimiento equivocado que se tiene respecto de al-go, en cambio la ignorancia es la falta absoluta de conocimiento, aunque la ley trata con igual criterio a ambos conceptos.-
Especies de error: Error de hecho: es el falso conocimiento que se tiene de las cosas.-
Error de derecho: es el falso conocimiento de la ley.-
Error de hecho: Error obstáculo: es aquel que no vicia la voluntad sino que la destruyen por completo.- Es el error que recae sobre la naturaleza del acto (error in negotio) o so-bre la identidad del objeto (error in corpore).- Error esencial: es el error que versa sobre la persona con quien se celebra el acto (error in personam) o sobre la cualidad substan-cial de la cosa (error in substantia).- Error ligero: es el referido a cualidades accidentales de la cosa, sobre su valor, sobre los motivos para contratar, etc.-
Los dos primeros tipos de error de hecho son susceptibles de producir la anulación del acto que vician, pero el último no ejerce influencia alguna sobre la suerte del acto.
El error de derecho: La ley se presume conocida por todos, esta regla clásica que tiene su origen en el derecho romano (error juris nocet) tiene un claro fundamento que los au-tores han puesto siempre de relieve. De otro modo, la ley, perdería su carácter obligato-rio conforme las personas aleguen su desconocimiento para librarse de su manda. Por ello el error de derecho no puede ser presentado como un vicio de la voluntad.
                        III.- EL DOLO
                        El dolo es artículo principal, porque los actos ilícitos son actos volunta-rios, reprobados por las leyes, que causan un daño imputable al agente en razón de dolo o culpa.- El dolo es uno de los vicios de los actos voluntarios, conjuntamente con el error, la fuerza o intimidación, la simulación y el fraude.-
Definición: acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con ese fin (conf. Art. 931 Código Civil Argentino).- El dolo consiste en la in-tención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro (conf. Art. 44 inc. 6º del Código Civil Chileno).- Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho (conf. Art. 1269 Código Civil Español).-
Requisitos del dolo: Son cuatro los requisitos para que el dolo determine la anulación del acto:
Que haya sido grave: es decir que sea apto para engañar a una persona que pone un cuidado corriente en el manejo de sus asuntos.- Si fuera tan grosera que una mínima precaución lo hubiera puesto al descubierto, el dolo no es grave.-
Que haya sido causa determinante de la acción del sujeto a quien se vicia la voluntad: se entiende por tal el engaño sin el cual el acto no se hubiera llevado a cabo.-
Que haya ocasionado un daño importante: es decir de una significación económica para la persona que lo sufre.-
Que no haya habido dolo recíproco: la justicia no puede ponerse a discutir sobre las trampas que empleen los inescrupulosos.-
                        Pero también surge que la fuerza es el apremio físicos o psicológico, hecho sobre el sujeto con tal de que preste el consentimiento para la celebración de un acto jurídico.- Se dice que hay dos tipos de fuerza: la física y la moral, la primera no es vicio del consentimiento pues no hay voluntad, hay una apariencia de voluntad que en verdad no existe.- La fuerza moral es vicio del consentimiento, pues el sujeto presta su voluntad aunque esta no es libre ni espontanea, pues se le ha amenazado con un mal futuro que de no celebrar el acto le podría llegar a ocurrir.-
                        También hay simulación cuando bajo la apariencia de un acto se oculta otro distinto o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpues-tas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten.-
                        En sentido ortodoxo el fraude es siempre genuinamente doloso; ausencia consiente de buena fe y voluntad maliciosa de impedir el cobro del acreedor.-
                        No hay que negar, que se puede cometer fraude a los acreedores me-diante diversas formas, una de ellas es la simulación, como lo realizado por Simoni el de haber simulado estar legitimado para actuar cuando él mismo y públicamente manifestó su inhibición; se puede simular más acreedores, enajenar bienes ficticiamente, etc.- Em-pero, todas estas modalidades de conductas dolosas – que suelen calificarse como delito civil- ofrecen un común denominador constituido por dos elementos que han de presen-tarse de consuno: a- un perjuicio a los contrarios; b- una deliberada intención del obliga-do de eludir sus compromisos o, si no hay tal intención, una conciencia que su conducta puede ser perjudicial.-
La lesión subjetiva: Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperien-cia o extrema miseria del otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente despro-porcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho de pedir la rescisión del contrato, y de ser ésta imposible la reducción equitativa de su obligación. ....-
También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justifica-ción..-
Bibliografía Llambías, Jorge Joaquín (2003). Tratado de Derecho Civil: Parte General. Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot. ISBN 950-20-1515-0.- Cifuentes, Santos (2006). Vicios de la voluntad. Buenos Aires, Argentina: La Ley. ISBN 987-03-0825-2.-
                        Por todo lo manifestado, estamos ante la clara fundamentación y motiva-ción de lo que se está denunciando contra el señor Fiscal de estado, OSVALDO SIMONI.-
                        IV.- HECHOS Y ANTECEDENTES:
                        Transcribiremos textualmente lo manifestado en forma pública por OS-VALDO SIMONI, que lo haremos breves, donde queda plasmado el dolo, concatenado al proveído del Juez actuante MONDINO, y la ausencia de los otros en claro vicio de corrup-ción judicial.-
CASO 1: www.adventusnoticias.com.ar
Remoción de jueces del STJ: Simoni no intervendrá y el gobierno deberá designar un pa-trocinante 17/05/2010 El fiscal de Estado provincial, Osvaldo Simoni, confirmó ayer que se inhibió de intervenir en la acción de inconstitucionalidad que el Gobierno impulsa co-ntra los jueces del STJ, Ramón Ávalos, Ricardo Franco y Rolando Toledo; quienes llegaron a la Corte provincial de la mano de Ángel Rozas y Roy Nikisch.
Aunque por el momento la fecha de presentación del cuestionamiento contra los magis-trados es un secreto guardado bajo siete llaves, la ratificación de la no intervención del fiscal de Estado podría demorar aún más la concreción esa presentación.
Aunque la decisión de Simoni se manejaba desde el mismo momento en que el goberna-dor, Jorge Capitanich, anunciara su intención de avanzar contra la designación de los jue-ces cuestionados, ahora el Ejecutivo deberá designar un patrocinante, que podría ser el asesor General de la Gobernación.
En diálogo con el DIARIO de la Región , el fiscal de Estado explicó se inhibió de intervenir en esta cuestión “porque, en 1997, cuando formaba parte del Consejo de la Magistratura propusimos a Ramón Ávalos, y después, integrábamos el ór-gano cuando ingresó Ricardo Franco”.
Simoni aclaró además que, en virtud de su decisión, se va a presentar el Gobernador, Jorge Capitanich, con el patrocinio del asesor General del Gobierno, o el ministro de Go-bierno, Juan Manuel Pedrini, con el patrocinio de algún abogado que contrate o designe la provincia.
“En su momento, me pidieron que manifestara si me iba a hacer cargo de la presentación de esta acción de inconstitucionalidad. Como en esta es una decisión personal, manifesté mi intención de inhibirme al titular de la cartera de Gobierno, allá por el mes de marzo”, dijo Simoni.
Asimismo, el fiscal explicó que su inhibición “no abre la cadena de subrogancia porque nosotros actuamos como abogados, no hay una cadena de inhibiciones porque el fiscal de Estado es uno solo”.
“En este caso, sugerí que se presente la acción con el patrocinio del asesor General del Gobierno, como ocurre en otras provincias, donde ante la actuación del fiscal de Estado, interviene el asesor general, patrocinando al Gobernador”, indicó Simoni.
Fuente: El diario de la región
Por OR P –
http://www.adventusnoticias.com.ar/noticias/nota.aspx?id=695ba3f8-88d2-4a9e-a801-61ed4eab03b5.-
CASO 2: www.chacodiapordia.com
El Asesor General representaría al Ejecutivo
Simoni no intervendrá en la remoción de los jueces del STJ
El fiscal de Estado confirmó su inhibición en la cuestión, y aseguró que el Go-bierno deberá designar un patrocinante. Aún no hay fecha de presentación de la acción de inconstitucionalidad de las designaciones de los magistrados.
El fiscal de Estado provincial, Osvaldo Simoni, confirmó ayer que se inhibió de intervenir en la acción de inconstitucionalidad que el Gobierno impulsa contra los jueces del STJ, Ramón Ávalos, Ricardo Franco y Rolando Toledo; quienes llegaron a la Corte provincial de la mano de Ángel Rozas y Roy Nikisch.
Aunque por el momento la fecha de presentación del cuestionamiento contra los magis-trados es un secreto guardado bajo siete llaves, la ratificación de la no intervención del fiscal de Estado podría demorar aún más la concreción esa presentación.
Aunque la decisión de Simoni se manejaba desde el mismo momento en que el goberna-dor, Jorge Capitanich, anunciara su intención de avanzar contra la designación de los jue-ces cuestionados, ahora el Ejecutivo deberá designar un patrocinante, que podría ser el asesor General de la Gobernación , Miguel Garrido.
En diálogo con el DIARIO de la Región , el fiscal de Estado explicó se inhibió de intervenir en esta cuestión “porque, en 1997, cuando formaba parte del Consejo de la Magistratura propusimos a Ramón Ávalos, y después, integrábamos el órgano cuando ingresó Ricardo Franco”.
Simoni aclaró además que, en virtud de su decisión, se va a presentar el Gobernador, Jorge Capitanich, con el patrocinio del asesor General del Gobierno, o el ministro de Go-bierno, Juan Manuel Pedrini, con el patrocinio de algún abogado que contrate o designe la provincia.
“En su momento, me pidieron que manifestara su me iba a hacer cargo de la presenta-ción de esta acción de inconstitucionalidad. Como en esta es una decisión personal, mani-festé mi intención de inhibirme al titular de la cartera de Gobierno, allá por el mes de marzo”, dijo Simoni.
Asimismo, el fiscal explicó que su inhibición “no abre la cadena de subrogancia porque nosotros actuamos como abogados, no hay una cadena de inhibiciones porque el fiscal de Estado es uno solo”.
“En este caso, sugerí que se presente la acción con el patrocinio del asesor General del Gobierno, como ocurre en otras provincias, donde ante la actuación del fiscal de Estado, interviene el asesor general, patrocinando al Gobernador”, indicó Simoni.
Fuente: El Diario de la Región
http://www.chacodiapordia.com/noticia.php?n=42072.-
CASO 3: www.chacodiapordia.com
Designaciones de Avalos y Franco en el STJ
Es inminente la acción de inconstitucionalidad
La presentación se realizaría en el transcurso de esta semana por el fiscal de Estado ad hoc. Sólo debe declararse la inconstitucionalidad de dos actas del Consejo de la Magistratura , señalan desde el Foro por una Justicia Independien-te.
La presentación de la acción de inconstitucionalidad promovida por parte del fiscal de Es-tado adjunto, Angel Aguirre Hayes, contra la designación en el Superior Tribunal de Justi-cia del Chaco del juez Rolando Toledo, se complementaría esta semana con el impulso de una iniciativa que esta vez cuestionará por inconstitucionales los nombramientos de los magistrados Ramón Avalos y Ricardo Franco en el máximo tribunal. Así lo reclamaron en una nueva manifestación realizada durante la mañana de este martes los miembros del Foro por una Justicia Independiente, así como también la derogación de la ley que regla-mentó el instituto del amparo, más conocida como ley de “desamparo”.
En declaraciones al programa “Por la Borda ” de RADIO CIUDAD (92.3 mhz.), el miembro del Foro por una Justicia Independiente y titular del Centro Nelson Mandela, Rolando Nú-ñez, consideró que “las destituciones de estos dos Ministros del Superior Tribunal de Jus-ticia será una tarea sencilla puesto que únicamente se necesita que se declare la inconsti-tucionalidad del Reglamento dictado por el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjui-ciamiento que amañadamente fue redactado e incorporado como Anexo del Acta Nº 309 del 5 de diciembre de 1997”. Asimismo, recordó que en esa oportunidad el organismo estaba presidido por el doctor Alberto Mario Modi, a su vez integrante del Supe-rior Tribunal de Justicia, acompañado por los consejeros Sergio Gelman Abra-ham, Luis Migliore, Leandro Hipólito Salóm, Ignacio Kapor, Osvaldo José Simoni y Carim Antonio Peche.
Al respecto, Núñez explicó que “este peculiar Reglamento, absolutamente inconstitucional porque los Consejeros se atribuyeron facultades propias de los constituyentes que refor-maron nuestra Carta Magna en 1994, fue introducido recién a través del Acta Nº 319, del 17 de marzo de 1998, en oportunidad en el que el Consejo de la Magistratura continuaba siendo integrado por los mismos miembros y funcionaba bajo la misma Presidencia”.
“Todos estos instrumentos sintetizan y ponen en evidencia todas las interpretaciones tramposas que se efectuaron, en su momento, con el propósito de que los jueces Avalos y Franco fueran designados como miembros del Superior Tribunal de Justicia sin que rin-dieran concurso de antecedentes y de oposición, a pesar de la clara pauta establecida por la Constitución chaqueña, fielmente respetada en esa época por el artículo 1º de Ley 4318, que repetía el principio general contemplado en la Constitución local porque dispo-nía que los nombramientos de los jueces y representantes del Ministerio Público debían estar precedidos de concursos públicos de antecedentes y de oposición como método de selección”, precisó el miembro del Foro por una Justicia Independiente.
Fuente: http://www.chacodiapordia.com/noticia.php?n=43613.-
CASO 4: LA FALTA DE LEGITIMACIÓN; FRAUDE DEL TRIBUNAL
Expte. N°: 42857/97   “GAIT JORGE ANTONIO,  ROMANUT AMILCAR RODOLFO EDUARDO S/ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD” -
se presenta Fiscal y se corres traslado de la exc.faltalegit.
HSPJCHExpte.Nº 42.857/97.
RESISTENCIA,     31  de agosto de 2010.
I. Téngase al señor Fiscal de Estado de la Provincia del Chaco -Dr. Osvaldo José Simoni-, por presentado, parte, con domicilio legal constituído, dándosele en autos la correspon-diente intervención.
II. Por contestado en término el traslado conferido a fs. 472,  téngase presente, como así también la reserva del caso federal efectuada a fs. 503 pto. 3. del petitorio.
III. De la excepción de falta de legitimación activa, córrase traslado a los  actores por el término de cinco (5) días.
Dr.  ANTONIO CARLOS MONDINO
Presidente
Superior Tribunal de Justicia.-
                        Estos hechos y antecedentes que se transcribieron, deja claramente el dolo cometido, o sea, la comisión del delito ésta es improbable ignorar los mismos.-
                        Es por eso que desarrollaremos el siguiente análisis de estos hechos y antecedentes:
A).- EL FISCAL DE ESTADO, Osvaldo SIMONI, ante el Poder Ejecutivo y públicamente en diarios digital, manifestó que se inhibía de intervenir en la promoción de la ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, y el Poder Ejecutivo designa un Fiscal de Estado subrogante, ad hoc; y dicho Fiscal en nombre del ESTADO PROVINCIAL, promueve dos accio-nes de inconstitucionalidad, hecho público y notorio.-
B).- El Tribunal, ordena correr traslado de la presente ACCION DE INCONSTITUCIONA-LIDAD al Fiscal de Estado y no ordena que se corra traslado al Poder Ejecutivo, violando deliberadamente el art.318 del C.P.C.C. y la Ley 2660, art.10; de FISCALIA DE ESTA-DO.-
C).- Se le advierte en tiempo y forma al Tribunal de las irregularidades y se solicita se corra traslado al Poder Ejecutivo, en el domicilio de Marcelo T. de Alvear 145, Resistencia, Chaco, y el Tribunal, nuevamente, en fraude a la ley le corre nuevo traslado al Fiscal de Estado, y no ordena el traslado al Poder Ejecutivo; en evidente connivencia con el aboga-do Simoni.-
D).- Contra toda normativa Simoni, comprendido en las generales de la ley, e inhibido de intervenir, y contesta la demanda, y opone excepciones, y ante ésa presentación el Tri-bunal con la sola firma de un solo Juez que arrogó la función de los cinco integrantes, dictó el resolutorio con fecha 31 de agosto de 2010 que se transcribió.-
E).- Se plantea un incidente de NULIDAD y de revocatoria; y la nulidad de la contestación de la demanda, por no haber sido notificado el ESTADO DEMANDADO, (art. 318 del C.P.C.C.) en su domicilio real, calle Marcelo T. de Alvear 145; ciudad; y en la persona del titular del Poder  Ejecutivo; que es el representante del ESTADO PROVINCIA DEL CHACO, (art.141 inciso 1 Constitución Provincial), persona jurídica de derecho público, demanda-da.- Se solicitó se REVOQUE la providencia que tiene por contestada la demanda por par-te de la Fiscalía de Estado, por lesionar el debido proceso, el derecho de defensa, el orden público procesal; y por constituir un fraude procesal; y la presunción de prevaricato.- Se solicitó, además, que CON HABILITACION DE DIAS Y HORAS se ordene suspender el pla-zo para contestar la excepción opuesta por OSVALDO SIMONI, hasta tanto el Tribunal resuelva nuestros pedidos de nulidad y revocatoria; a tenor de los fundamentos que se expuso.-
F).- Y la respuesta a nuestro planteo obra a fs. 511: allí por sí y ante sí, sin integrar el Tribunal, el Sr. ANTONIO CARLOS MONDINO Presidente de Trámite del S.T.J., en esta causa, en forma deliberada se arroga facultades y capacidades que no le otorga ni la Constitución ni la Ley , y en el punto I)- rechaza nuestro incidente y planteo de nulidad, tomándose del término “denuncia” en forma fraudulenta, para justificar su acto de abuso de autoridad y mal desempeño.- Y  en el punto II).- por sí y ante sí, sin integrar el Tribu-nal, resuelve rechazar el pedido de REVOCATORIA, por inadmisibles; incurriendo en abu-so de autoridad, y mal desempeño de la función.-
G).- Es evidente que la responsabilidad primaria por acción le corresponde al Sr. MONDI-NO, pero los demás integrantes del Tribunal, y la misma Secretaria son responsables por omisión, del mal desempeño, por incumplir sus deberes funcionales.- No nos cabe la menor duda de que existe un acuerdo espurio de voluntades, entre estos funcionarios y el Fiscal de Estado Simoni y los Jueces de facto cuestionados, para desbaratar este proce-so.- NO TENEMOS NINGUNA GARANTIA.- Más allá de estar plagado de actos corruptos que ya señalamos.-
                        Así, hemos demostrado, una vez más, que se ha dictado Resoluciones con Tribunal desintegrado y sin la mayoría legal, exigida por la Constitución y la Ley , ac-tos que hacen a la efectividad del dolo que se ésta denunciando; por ello es que:
1).- Ha quedado probada la quiebra del orden constitucional en el Chaco, y la responsabi-lidad de sus autores y cómplices.-
2).- Queda probado el colapso institucional existente, en el área del PODER JUDICIAL, por medio del prevaricato.-
3).- Queda probado que la mayoría del PODER LEGISLATIVO, ha avalado y participado en el proceso de quiebra del orden constitucional, otorgando la SUMA DEL PODER PÚBLICO, SUMISIONES Y SUPREMACIAS, AL PODER EJECUTIVO DE ÉSE MOMENTO, QUE DESIGNÓ TRES JUECES INCONSTITUCIONALES EN EL S.T.J.-
4).- Queda probado que los distintos funcionarios del Poder Ejecutivo anterior y los dis-tintos FISCALES de ESTADO, entre ellos el Sr. OSVALDO SIMONI que ya había avalado con su firma estos actos corruptos, omitieron sus deberes funcionales, porque no han ejercido la defensa de la Constitución Provincial , consintiendo hasta hoy, la quiebra del orden constitucional, y los atentados contra el ORDEN CONSTITUCIONAL, y son pasibles de la sanciones que marca la Constitución del Chaco, y el Código Penal de la Nación.-
5).- Se han cometido delitos de lesa Constitución, incurriendo en las previsiones del art. 29 y 36 de la Constitución Nacional y arts. 5, 9, 7 y 11 de la Constitución Provincial ; y los arts. 226 a 227 ter., 248 y 269 in fine del Código Penal; y las acciones adminis-trativas, civiles, y penales, derivadas de dichos actos, son imprescriptibles, por expresa disposición constitucional; y toda sentencia judicial que contradiga di-chas disposiciones constitucionales, es absolutamente nula, por expreso manda-to constitucional.-
6).- Existe conmoción institucional interna, en el chaco.- Es necesario dar cumplimiento a las normativas que nacen de nuestra Carta Fundamental.- Y con un PODER JUDICIAL or-denado, se podrán iniciar todos los procesos derivados de los actos ilícitos de lesa Consti-tución, que son imprescriptibles.- Todos los que resulten responsables deberán ser inhabilitados a perpetuidad para ejercer cargos públicos; y cumplir con las penas que se les impongan.-
7).- Todo el PODER emana del PUEBLO.- El Pueblo ejerce su PODER a través de sus re-presentantes.- La voluntad y el poder del Pueblo se  expresan en las leyes.- La Constitu-ción es la LEY SUPREMA.- En 1994, el Pueblo del Chaco, expresó su voluntad, a través de 32 convencionales constituyentes.- El Pueblo del Chaco, dispuso y mandó en 1994, que para ser propuesto, ingresar, ascender, y ser trasladado, en el ámbito del PODER JUDI-CIAL, TODOS los magistrados y funcionarios, debían rendir concursos de antecedentes y oposición, sin excepción alguna.- Contra ese mandato del Pueblo se alzaron en su mo-mento, las autoridades, Poder EJECUTIVO, Poder Legislativo, Poder Judicial, y Consejo de la Magistratura , por acción; y el FISCAL DE ESTADO (Castelán, Simoni), por omisión.-
8).- LA CONSTITUCIÓN DEL CHACO: Siguiendo los lineamientos de la CONVENCIÓN NA-CIONAL y de la Constitución Nacional , los Constituyentes del CHACO, en 1994, incorpora-ron, por doble vía, a nuestra Constitución Provincial el art. 36 de la C.N ., distribuyendo su texto en los arts. 7 y 11, e imponiendo sanciones gravísimas a los violadores y usurpado-res.- Y además el art. 36 C.N., quedó incorporado textualmente por vía del art.14 de la Constitución Provincial , que da por reproducidos todos los derechos y garantías, y los PACTOS Y TRATADOS del art. 75 inc. 22 de la C.N .-
10).- EL ART.7: dice: “Esta Constitución no pierde vigencia, aún cuando por acto violen-to o de cualquier naturaleza, se llegue a interrumpir su observancia... son absoluta-mente nulas las sentencias judiciales que contravinieren esta norma” (leer todo el texto).-
11).- EL ART.11: dice: “Es condición esencial para el desempeño de los cargos públicos, la observancia de la ética. Atenta contra el sistema democrático quien haya cometido de-lito doloso contra el Estado, que conlleve enriquecimiento patrimonial, y queda inhabili-tado a perpetuidad, para ocupar cargos o empleo público, sin perjuicio de las penas que la ley establezca”.-
12).- El art. 36 de la C.N ., superó a la ley de defensa de la democracia, y nos remite a los arts. 29 de la Constitución Nacional , en función de los arts. 215, 226 a 228 del Código Penal de la Nación , cuyas penas son gravísimas.- Y las acciones son imprescriptibles a partir de 1994.-
13).- LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCION : “La supremacía de la Constitución es de orden público. Es el fundamento y base de todo el orden jurídico- político de un Estado. La Constitución formal obliga a que las normas y los actos estatales y privados se ajusten a ella. Todo el orden del ESTADO debe ser congruente con la Constitución. La idea de supremacía se vincula con el PODER CONSTITUYENTE; EL PODER CONSTITUIDO NO PUEDE ALZARSE CONTRA EL PODER CONSTITUYENTE” (BIDART CAMPOS).-
14).- LA NULIDAD ABSOLUTA POR INCONSTITUCIONALIDAD: Dice la Constitución del Chaco en su art.5: “Los poderes públicos no podrán delegar sus atribuciones ni los magis-trados y funcionarios, sus funciones, bajo pena de nulidad.- Tampoco podrán arrogarse, atribuir ni ejercer más facultades que las expresamente acordadas por esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten”.- El Juez MONDINO ha incurrido en estas nu-lidades, y es responsable de mal desempeño, y/o ignorancia manifiesta e inexcusable del derecho, y por omisión de actuar los otros cuatros restantes jueces como así también la secretaria Giménez, que no observa la obligatoriedad de la aplicación de las normas que rigen para el caso.-
“Toda ley, decreto, ordenanza, o disposición contrarios a la LEY SUPREMA de la NACIÓN o a esta Constitución, son de ningún valor, y los jueces deberán declararlos inconstitucio-nales, a requerimiento de parte” (art.9 Const. Del Chaco).-
15).- En primer lugar quiero hacer notar que el abogado OSVALDO SIMONI, quiere justi-ficar, porque él ha tenido directa participación, o sea integró el Consejo de la Magistratura , la designación y el ejercicio de facto de la Magistratura en el Superior Tri-bunal de Justicia por parte de los doctores Ramón Rubén Ávalos, Ricardo Fernando Franco y Rolando Ignacio Toledo.- Lo único que logra demostrar es un profundo desconocimiento del derecho constitucional y del funcionamiento del Estado de derecho.- Tal vez para jus-tificar a los jueces inconstitucionales dió como fundamento leyes inconstitucionales.- Pero en ningún momento cita lo que dice la Constitución al respecto.- Es decir, reiteramos, que pone el carro delante de los caballos.- Dice el art.7 de nuestra Constitución: “Esta consti-tución no pierde vigencia aún cuando por acto violento o de cualquier naturaleza se llegue a interrumpir su observancia”.- Y párrafo más abajo dice: “Los funcionarios del régimen constitucional con responsabilidad política, que omitieren la ejecución de actos de defensa del orden institucional serán pasibles de destitución o inhabilitación por tiempo indetermi-nado para el ejercicio de cargos públicos”.- Y al final dice: “Todos los ciudadanos tie-nen el derecho de resistencia a la opresión y el deber de contribuir al reestable-cimiento del orden constitucional. Son absolutamente nulas las sentencias judi-ciales que contravinieren esta norma”.- Y el art.9 de nuestra constitución dice: “To-da ley, decreto, ordenanza o disposición contrarios a la Ley Suprema de la Nación o a esta Constitución son de ningún valor y los jueces deberán declararlos inconstitucionales a requerimiento de parte. La inconstitucionalidad declarada produce la caducidad de la ley, decreto, ordenanza o disposición...”.- Entonces nos encontramos ante la total fal-ta de legitimidad de personería para actuar como actuó; no leyó la Constitución ni las leyes ni la misma ley que rige para el funcionamiento de su cargo.-
                        Existe conmoción constitucional e institucional interna en el Cha-co.- Y el primer derecho que se debe respetar es la Constitución Nacional y la Constitu-ción Provincial y el orden jurídico que emana de ellas, porque es la voluntad del pueblo, el único soberano.-
                        V.- LA DENUNCIA :
                        La denuncia se plasma en la larga manifestación realizada sobre el tema y la enumeración de los artículos Constitución y Leyes que hacen al dolo cometido, tan-to por el Fiscal de Estado OSVALDO SIMONI, como por el Tribunal ha doc en pleno, su-mado a ellos la Secretaria actuante, porque todos los denunciados han cometido delito de PREVARICATO, ABUSO DE AUTORIDAD, MAL DESEMPEÑO DE FUNCIONARIO PÚ-BLICO; FRAUDE PROCESAL y con EL PROCESO; MANIFIESTA IGNORANCIA DEL DERECHO; FALTA DE OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD; viciado aún más por el in-cumplimiento de las normativas de la Constitución Nacional y Provincial, de la Ley 2.660 (t.a.) en forma conjunta con el Tribunal interviniente que también incumplieron la Ley 3, como también con el Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincia , y Magistra-dos y Funcionarios que actuaron.-
                        VI.- PRUEBAS:
                        Se ofrece como pruebas publicaciones realizadas por el denunciado Fiscal de Estado OSVALDO SIMONI, se adjuntan, y se oficie al Superior Tribunal de Justicia del Chaco solicitando “ab effectum videndi et probandi” o fotocopias certificadas del mismo para no entorpecer su prosecución, el expediente caratulado “GAIT, JORGE ANTONIO; ROMANUT, AMILCAR RODOLFO EDUARDO; MÜLLER, GUSTAVO ADOLFO S/ AC-CIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD” Exptes.Nº 42.857 año 1997, de los Registros del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Secretaría Nº 3.-
                        VII.- DERECHO:
                        Por todo lo expresado, solicitamos urgente avocamiento a ésta presenta-ción del Señor Procurador General del Poder Judicial del Chaco y mande producir todo tipo de pruebas y toda otra medida que crea corresponder, por todo ello lo solicitado es pro-cedente.-
                        VIII.- PETITORIO:
                        Por todo lo manifestado, fundamentado y motivado, y conforme a los antecedentes de hechos y derecho que he expresado, es que vengo a PRESENTAR FORMAL DENUNCIA conforme a las fundamentaciones analizadas, al titular Fiscal de Estado de la Provincia del Chaco, OSVALDO JOSE SIMONI; como también, por los actos señalados y analizados, a todos los otros miembros que han actuado en la conformidad y afirmación del dolo que se denuncia ya enumerados en el punto V.- LA DENUNCIA , y otros cargos que surjan de la investigación que se está solicitando.- Se me tenga por pre-sentado en el carácter invocado bajo juramento de ley y en pleno conocimiento del art.245 y art.275 del C.P.-
                        Se nos tenga como QUERELLANTE PARTICULAR, conforme surge del Artí-culo 8º del Código Procesal Penal de la Provincia , y se nos de la participación directa en la denuncia que se incoa.-
                        Por ofrecida pruebas y solicitas otras, como que también se adjunta co-pia original de fs.479/503 de la causa principal que también es prueba ofrecida.-
                        Hago Reserva de los Recursos Ordinarios y Extraordinarios locales para el caso improbable de que el Tribunal rechace el planteo de mi parte; Hago Reserva del Caso Federal Extraordinario, art.14 y 15 de la Ley 48, y por sentencia arbitraria, art.18 y 75 inc.22 de la Constitución Nacional , por estar en juego derechos y garantías constitu-cionales; Hago Reserva de la Instancia Internacional , para acudir a la Corte Interamerica-na de Derechos Humanos, por intermedio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por estar en juego Convenios, Pactos y Tratados sobre Derechos Humanos.- Instituciones a las que se le ha adelantado el presente por vía de correo electrónico.-
                        Proveer de conformidad SERA JUSTICIA.-

                                        
 
GUSTAVO ADOLFO MULLER
AMILCAR RODOLFO EDUAR-DO ROMANUT
Abogado – Mat.249 S.T.J.
L.E.Nº 07.910.079

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