SE TRATA DE EDUARDO GUTIÉRREZ, TITULAR DEL GRUPO FARALLON, UNA DE LAS FIRMAS APORTANTES A LA SOSPECHADA ORGANIZACIÓN DE LA VICEPRESIDENTA.

Juan Ignacio Amorín/El juez federal Daniel Rafecas amplió el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas, José López, e incluyó a su esposa Amalia Díaz, señalada como partícipe necesaria y a dos empresarios, Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, quienes están señalados como testaferros en la causa por enriquecimiento ilícito.

Gutiérrez es el titular del Grupo Farallón, una firma dedicada a la obra pública y privada, fundada en 1985, y que actualmente cuenta con más de 900 empleados, cuyos vínculos con López salieron a la luz a través del chalet que el ex funcionario kirchnerista ocupaba en el Tigre.

Sin embargo, apenas días más tarde, Gutiérrez volvió a ser noticia en la sección judicial de los diarios y portales de internet: su empresa figura como una de las principales aportantes a la Fundación Suma, que se encuentra en la mira del juez Ariel Lijo en la causa que investiga el origen de los fondos que le sustrajeron a la vicpresidenta de su domicilio la noche en que Mauricio Macri se proclamó ganador del balotaje.

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Es que tras conocerse las grandes sumas de dinero que se encontraban en efectivo dentro de "bolsas de papel madera" en su habitación y que, según la propia Michetti, eran parte de "donaciones", se encontraron diversas irregularidades alrededor de la Fundación: no registraba empleados pese a pagar sueldos por $165.000-según sus propios informes anuales- no estaba dada de alta ante AFIP y tampoco presentaba balances en la Inspección General de Justicia (IGJ).