La desazón del gobierno nacional ante las investigaciones por el pago de sobornos por parte del consorcio brasileño Odebrecht y la insistencia por derivar de la justicia al Poder Ejecutivo las negociaciones con la megaconstructora brasileña se explican por un dato que hasta ahora no había entrado en el radar público: el Grupo Macrì es socio de Odebrecht en el fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el actual jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macrì (Socma).

Blackwood es un grupo internacional que manejó diversos fondos de inversión y uno especializado en energía y comunicaciones, con inversiones en todo el mundo.

La ley de responsabilidad empresarial enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso consiguió media sanción de la Cámara de Diputados, al costo de sacrificar el denominado Artículo Odebrecht, por el cual las negociaciones con la constructora brasileña y sus directivos por hechos previos a su sanción quedarían a cargo del Procurador del Tesoro de la Nación, es decir el abogado personal de Macrì, Bernardo Saravia Frías, designado en reemplazo de Carlos Balbín, cuyo dictamen sobre el Correo Argentino defendía los intereses del Estado que quería y no los de Macrì que se resistía a pagar.

El gobierno, por medio de la Oficina de Encubrimiento de la Corrupción, cuya titular Laura Alonso visitó la última semana el Senado, insiste en reintroducir ese artículo clave.

Las propinas que un bolsero de Odebrecht dijo haber pagado al íntimo amigo de Macrì que conduce la agencia nacional de espionaje, Gustavo Arribas, la intervención que otro procesado en Brasil atribuye al vividor Jorge Rodríguez y a Javier Sánchez Caballero, principal ejecutivo de la constructora familiar Iecsa, también asociada con Odebrecht para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, son apenas la punta de un iceberg que recién comienza a emerger.

Se entiende mejor así porqué un banco caribeño de Odebrecht ayudó a los Macrì a manipular las mayorías en perjuicio de los acreedores en el concurso del Correo Argentino, soportando para ello fuertes pérdidas. Según el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín el Meinl Bank (filial de un banco austriaco en la guarida fiscal de Antigua & Barbuda) compró créditos del BID y del Banco Mundial contra el Correo Argentino por 400 millones de dólares, con la expectativa de recuperar sólo 8 millones. Según Boquín, el banco de Odebrecht “ha votado en forma contraria a su interés, por lo que su decisión equivale a la renuncia al cobro de su crédito”. El Meinl Bank también otorgó créditos a los principales accionistas del Correo, Socma, Sideco e Inversid, todas del Grupo Macrì, con garantía de acciones.

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