NUESTRA CIUDAD SE HA VISTO SACUDIDA POR LA NOTICIA DEL PROCEDER POLICIAL EN UNA POPULOSA BARRIADA, LA PERSECUCIÓN, ARBITRARIA E INJUSTIFICADA DE LOS AGENTES DEL “ORDEN” A DOS NIÑOS DE 12 Y 14 AÑOS DE EDAD, Y LA AGRESIÓN DE LOS UNIFORMADOS CON ARMAS PROVISTAS POR LA INSTITUCIÓN, CONFIGURAN UN ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE Y RIESGO PARA EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD.

La Cátedra Libre de Derechos Humanos ¨Carlos Alberto Zamudio¨ entiende que estos hechos se producen al amparo de un nuevo paradigma cuyo mensaje autoritario se reproduce desde las máximas autoridades del área a nivel nacional, la ministra de seguridad Patricia Bullrich, pero también y más grave aún, del propio presidente de la Nación que con las felicitaciones al procesado policía Chocobar, por ejecutar por la espalda a una persona indefensa, inauguró la doctrina que justifica ese accionar y que luego se repitiera en Tucumán con el asesinato del niño Facundo Ferreira por una brigada motorizada de la policía.

Rescatamos la valiente, solidaria y decidida reacción de los vecinos de San José Obrero que impidió el “arresto” de los niños, que habían recibido además, heridas de postas de goma disparadas por la espalda por los agentes David Maldonado y Néstor Matías Fernández.

La gravedad de estos hechos configura un escenario de violación institucional de los derechos humanos y prefigura una escalada de represión indiscriminada hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, al amparo de los discursos de mano dura, que tienden a difundirse desde las mismas autoridades que favorecen el empobrecimiento y exclusión de las mayorías populares. No desconocemos que éstas prácticas, que adquieren mayor virulencia en los barrios y villas de todas las ciudades del país, crecen y se extienden a la par que las políticas públicas generan marginación social y fomentan la creación de “enemigos internos” para, al peor estilo del nazismo, desviar la atención sobre las consecuencias nefastas de sus planes económicos, cada vez más sujetos a la voracidad financiera internacional a partir de la injerencia del FMI.

Por todo ello la Cátedra Libre de Derechos Humanos reclama y exige a las autoridades provinciales y al poder judicial:

*Celeridad en el esclarecimiento total de los hechos y sanción ejemplar a los agentes involucrados; que no sea una vez más el pase a disponibilidad que luego de un breve tiempo termina en un traslado provisorio a comisarías del interior, hasta que reaparecen nuevamente –incluso ascendidos en sus cargos-.

*Justicia en el caso de Jesús Ramón Martínez, de 18 años de edad que fuera asesinado por la espalda por los agentes de policía Sánchez y Duré.

*Revisión de los planes de estudio y formación de las fuerzas de seguridad provinciales.

La respuesta a este avance antidemocrático debe ser mayor información y participación, para que entre todos garanticemos que nuestros barrios y nuestra comunidad sean expresión de trabajo y solidaridad, nunca de temor y represión.