EL GOBIERNO BUSCA CAMBIAR LEYES PREVISIONALES Y AHORRARSE 120 MIL MILLONES

Hay un consenso general, que viene ya desde hace varios años, en el orden nacional como internacional de “cuidar a nuestros ancianos”. Asegurar cobertura económica y social a todos nuestros mayores, hayan o no, realizado los aportes previsionales durante la etapa productiva de sus vidas.

Esto es trabajado desde el paradigma de los derechos humanos, específicamente hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales. Atento a esta tendencia internacional a garantizar los derechos humanos de segunda generación, es que proliferaron en el país, y en el mundo, las coberturas sociales a todos aquellos ciudadanos que fueron excluidos, por una u otra razón, de los sistemas formales de la economía. Tiene como objetivo, no solo igualar a los ciudadanos ante la ley, si no también equipararlos, esto es, atender a las necesidades básicas de quienes el sistema capitalista perjudica en su vorágine de libre mercado.

El debate, es si el sistema de previsión argentino, como está planteado hoy, es sostenible en el tiempo. Se puede medir si es sustentable o no y se pude medir también el comportamiento del sistema a futuro, ponderando los valores actuales y extrapolándolo en el tiempo.

El verdadero origen de las reformas que se quieren implementar desde el gobierno se lo debe leer en clave de recaudación ¿De dónde va a salir el dinero para seguir garantizando las coberturas sociales que viene garantizando ANSES? Ya que estos aportes no saldrán de los impuestos a las ganancias de grandes empresarios, ni a las retenciones impositivas a las exportaciones, ni a la minería que ya fueron suprimidas o rebajadas a favor de los que más tienen. Por eso se quiere aumentar la edad jubilatoria; cambiar el índice de actualización previsional e ingresar al sistema formal a todos los trabajadores que hoy están trabajando en negro.

El índice de actualización previsional se quiere aplicar de acuerdo al índice inflacionario, abandonando la fórmula actual, que es por recaudación y salario de los activos. Con lo cual, el gobierno se ahorraría 120 mil millones de pesos. Y las jubilaciones, si bien no quedarían desactualizadas, no crecerían como vienen creciendo, quedando planchadas en el tiempo, perdiendo poder adquisitivo todos los jubilados y pensionados.

Para lograr el blanqueo de los trabajadores, el gobierno ensaya un paquete de incentivos a los empleadores, reduciendo las cargas en los aportes patronales y con la posibilidad de acogerse a moratorias para regularizar situaciones de atrasos o incumplimientos ante la ley vigente. Estas medidas que ya fueron probadas en el mundo y en Argentina durante los años ’90, no funcionaron.

La preocupación del gobierno de Mauricio Macri, es poder cumplir con el pago de la cobertura previsional, sin atrasarse con las cuotas de pago de la suculenta deuda externa que supo conseguir.

Esta situación de endeudamiento con fondos internacionales, nos ata a los vaivenes de las economías de los países centrales y de las exigencias que cada vez se harán notar con mayor intensidad, por parte del Fondo Monetario Internacional. Que siempre se traducen en más ajustes para el pueblo argentino.