El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, recibió al presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNNE, Marcos Paye y recabó el reclamo de los universitarios que denuncian serias irregularidades en el servicio de transporte Chaco – Corrientes. El reclamo central señala que en el último mes, una sola unidad cubre el trayecto desde Resistencia hasta el Campus Universitario ubicado en la avenida Libertad en Corrientes.

El delegado estudiantil recuerda que eran dos las empresas que prestaban ese servicio, Ataco Norte y Ticsa, pero señala que desde hace un año solamente las unidades de Ataco Norte están destinadas a ese trayecto: de unos 12 colectivos que esa empresa tenía destinados al servicio Chaco – Corrientes, solamente cuatro llegaban al campus y hace unos meses se redujo a dos hasta que finalmente quedó sólo una.

En detalle Paye remarcó que actualmente la frecuencia del recorrido para trayecto al campus es de tres horas y finaliza a las 22, a pesar de que una parte de las clases concluye recién a las 23. Por ello considera que “la intención es quitar esa única frecuencia y que el servicio sólo cubra el trayecto hasta el puerto de Corrientes, lugar que no se encuentra preparado ni acondicionado como dársena para colectivos”.

Corregido recordó que la licitación pública que lanzó hace unos meses el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, se encuentra suspendida judicialmente. También resaltó que en el 2015 - a raíz de un amparo y una cautelar que presentó la Defensoría del Pueblo - la Cámara Federal de Apelaciones ordenó al Estado nacional que retrotraiga el valor de la tarifa hasta tanto se realice la audiencia pública correspondiente. Ese fallo, firme desde julio de 2016, aún hoy sigue sin cumplirse, a pesar del compromiso a llamar a audiencia pública que el propio subsecretario de Transporte Automotor de la Nación, Antonio Cortés, asumió en septiembre del año pasado frente a la jueza en una audiencia de conciliación y que debía cumplirse antes de noviembre de ese año.

“Los funcionarios nacionales tienen que encargarse de controlar la frecuencia y condiciones de las unidades y además deben cumplir las órdenes judiciales. En la región seguimos abandonados por los distintos gobiernos a lo largo de estos años en materia de transporte público y en consecuencia los chaqueños y correntinos terminan viajando en forma indigna e insegura”, enfatizó el defensor.