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ESCUCHAS ILEGALES OTRO NEGOCIO: FILTRACIONES, 60% MÁS DE ESCUCHAS Y 271% DE AUMENTO DE PRESUPUESTO ESCUCHAS ILEGALES OTRO NEGOCIO: FILTRACIONES, 60% MÁS DE ESCUCHAS Y 271% DE AUMENTO DE PRESUPUESTO julio molisano reporte24
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Junio

ESCUCHAS ILEGALES, OTRA CAJA POLÍTICA: FILTRACIONES, 60% MÁS DE ESCUCHAS Y 271% DE AUMENTO DE PRESUPUESTO Destacado

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10 JUNIO 2019 REPORTE24//

EN 2018 SE PINCHARON 41 MIL LÍNEAS. EL DINERO PARA EL ÁREA PASÓ DE 209 A 771 MILLONES DE PESOS. DE CERO FILTRACIONES A UN FESTIVAL DE ESCUCHAS EN LOS MEDIOS.

Ari Lijalad//Franco Mizrahi//Un oficio que ingresa a la oficina de escuchas con un pedido de intervención de 8 teléfonos pero con una nómina de 9 números. Un llamado de un juez, que en voz amigable requiere interceptar una línea pero sin mediar documento oficial. La orden de pinchar pabellones de un penal para seguir a un narco que se utiliza para enmascarar un caso de espionaje político. Así, con distintas maniobras, se pueden tejer las escuchas ilegales que luego nutren operaciones mediático-políticas y alimentan artículos periodísticos y programas televisivos en medios oficialistas. Y, por ende, influyen en el terreno electoral.

En este contexto, donde las filtraciones de audios que no debieran existir se ventilan con total normalidad en el prime time de la TV, un dato multiplica las alertas: la Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) aumentó en un 60% las interceptaciones telefónicas mensuales en relación a las que realizaba la institución análoga que existió durante el último años del kirchnerismo, y que en lugar de depender de la Corte Suprema de Justicia estaba bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. Así se desprende de las cifras oficiales.

Según informó el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad de la ONU, Joseph Cannataci, y ratificaron desde la DAJuDeCO a El Destape, en la actualidad “el número total de líneas interceptadas por mes es de 6.000, de las cuales sólo 69 son interceptaciones directas”. La cantidad de líneas intervenidas durante el año pasado “fue de 41.000”.

Esos datos contrastan con los que hizo públicos en su momento el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), el órgano que estaba a cargo de las escuchas hasta que Mauricio Macri decidió traspasarlas a la Corte Suprema. De acuerdo al balance de gestión de esa dependencia, que dependía de la entonces Procuradora Alejandra Gils Carbó y era dirigida por la fiscal Cristina Caamaño, el promedio de intervenciones mensuales fue de 3850 líneas. En noviembre de 2015 (el balance se presentó en diciembre) esa cifra fue de 3706 casos, divididos en “altas de intervención” (2514) y “prórrogas de intervención” (1192).

No solo aumentaron las escuchas. También creció el presupuesto de la DAJuDeCO y, especialmente, el de la oficina de escuchas que depende de ella.

Esta oficina tenía al 2017 un presupuesto de 209 millones de pesos. En 2019 esa cifra creció a 777 millones de pesos, es decir, aumentó un 271%.

Filtraciones

Algo que debiera ser lo normal pero pasa a ser un hecho destacable -dada la realidad- es que mientras las escuchas estuvieron bajo la órbita de la DICOM no hubo filtraciones. Esto contradice el principal argumento que plantean hoy las autoridades de la oficina de escuchas, comandados por el juez Martín Doctrina Irurzun, que ante la multiplicación de filtraciones afirmaron que el problema está en la cadena de custodia una vez que esos audios salen de las oficinas de Avenida de los Incas 3834, dirección desde donde se centraliza el sistema de escuchas. La cadena de custodia era la misma durante la gestión Gils Carbó-Camaño, y las filtraciones a medios fueron cero. Algo no cierra.

En este contexto, el relato de la ONU Cannataci resaltó en su informe su preocupación porque el sistema de vigilancia “tiene varias vulnerabilidades inherentes” que se derivan del “uso excesivo de las interceptaciones”, de la “debilidad de los controles en la cadena de custodia” y de “la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones”.

A su vez, cuestionó la metodología utilizada para las escuchas. Si bien, según el relatos de la ONU, se respeta el estado de derecho, resaltó que el sistema concebido para permitir el uso del material “es anticuado y de mal diseño”, lo que aumenta los riesgos, especialmente de chantaje y extorsión por parte de las personas que tienen acceso al contenido.

Hoy, el festival de escuchas ilegales que afecta a opositores derivó en duros cuestionamientos por parte de distintas asociaciones de abogados.

Por ejemplo, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) emitió un documento en el que “manifiesta su profunda preocupación ante la divulgación, en medios y programas periodísticos, de conversaciones telefónicas grabadas a personas detenidas, y mucho más aún si éstas hubieran sido mantenidas con sus abogadas o abogados defensores”.

En el mismo comunicado, se “solicita a las autoridades pertinentes que se investiguen las conductas que pondrían en vilo los derechos constitucionales de las personas involucradas en las escuchas” y “se determinen las responsabilidades que pudieren corresponder tanto en sus interceptaciones como su entrega a medios y programas periodísticos”.

El circuito de las escuchas involucra al juez que la solicita, a la dependencia que la realiza que es la DAJuDeCO (depende de la Corte) y a la fuerza que las retira y / o transcribe (leáse AFI, que está comandada por el escribano Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente Macri).

Un caso paradigmático

El 8 de febrero, apenas dos días después de que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, le allanara la casa al espía ilegal Marcelo D’Alessio, ingresaron en los tribunales de Comodoro Py, con una diferencia de horas, dos denuncias en su contra basadas en anónimos. Una investigación judicial dejó en evidencia el rol que tuvo la exSIDE en el armado de ambas presentaciones, que apuntaron a desprestigiar el D’Alessiogate al buscar vincular el caso a una conspiración de presos K contra el fiscal Carlos Stornelli. Ambas se nutrieron de escuchas ilegales a exfuncionarios detenidos en el penal de Ezeiza que luego llegaron a los medios.

Las intervenciones en los teléfonos de la cárcel se realizaron en el marco de una causa en la que se investiga al narcotraficante Mario Segovia, conocido como “El Rey de la Efedrina”, ordenadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional N 2 de Lomas de Zamora. Tal como reveló El Destape, los únicos a retirar esas escuchas de la Dajudeco eran agentes de la ex SIDE, es decir, una dependencia directa del Presidente. Que cayeran en manos de Elisa Carrió confirma la maniobra. Por otro lado, esas escuchas fueron entregadas al juez Claudio Bonadío, quien tiene una de las dos denuncias que se hicieron con las escuchas a los presos K.

El fiscal Jorge Di Lello investiga la otra causa que se abrió con esas “pinchaduras” e interpeló sobre el asunto a la AFI (el juez en ese caso es Luis Rodríguez). Desde el organismo de inteligencia le dijeron que “se realizaron transcripciones de las escuchas telefónicas vinculadas al objeto de la investigación y las mismas fueron remitidas oportunamente a dicho tribunal”, es decir, a Lomas de Zamora, “junto con la totalidad de los discos compactos con el producido de las intervenciones dispuestas en la referida causa”.

Pero el Juzgado de Lomas de Zamora dijo otra cosa al ser consultado también por Di Lello: refirió que “las intervenciones a dichos abonados, durante el período que estuvieron vigentes, no arrojaron ningún resultado de interés para el objeto de esta causa y, de hecho, no generaron ninguna transcripción ni informe por parte de la preventora”. Es más, señaló que por tal razón, se “ordenó oportunamente la destrucción de los CD que contenían tales escuchas”.

Por estas contradicciones, desde Jurídicos de la AFI están interesados en intentar aclarar la situación ante Di Lello.

De acuerdo a la reconstrucción que realizó Alejandra Dandan en El Cohete a la Luna, las escuchas del 1, 2 y 3 de febrero salieron de la DAJuDeCO a la AFI el día 4 de febrero. Y el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, recibió ese material con CD y desgrabado recién el día 8. Es decir que entre el 4 y el 8 de febrero los audios sólo estuvieron en poder de la AFI.

Durante esos días ocurrieron las primeras filtraciones. Coincidieron con una serie de sucesos:

-El allanamiento a la casa de D’Alessio, que se había hecho el 6 de febrero.

-Un twuit de Elisa Carrió, del 7 de febrero, en el que alertó sobre un supuesto complot contra Stornelli desde Dolores.

-El Cohete publicó el 8 de febrero su primer artículo sobre la extorsión contra el empresario Pedro Etchebest que involucraba al fiscal Stornelli y a D’Alessio.

-Ese mismo día ingresaron las mentadas dos denuncias anónimas a Comodoro Py en base a las escuchas.

Cuatro días más tarde, el 12 de febrero, comenzaron varios movimientos en la oficina de escuchas:

-Bonadío pidió copias de los audios. Primero a Villena. Villena los había destruido. Luego pidió copia a la DAJuDeCo. El organismo le dijo lo que dice el protocolo: que las escuchas eran técnicamente de Villena y los puso en contacto.

-El 13 de febrero, la AFI pide copia de los audios a la DAJuDeCo. El organismo no se los da.

-El 14 de febrero: DAJuDeCo finalmente entrega copia de las escuchas a Bonadío. Cuando Di Lello pidió copia, la DAJuDeCo no se la dio. Le dijo que ya se la había dado a Bonadio.

-La AFI vuelve a pedir copia de los CD. El organismo le dijo que ellos ya los recibieron el 4 de febrero. Y no se los dio.

-Bonadío tuvo los audios el 14 de febrero.

El martes 4 de junio, el Consejo de la Magistratura inició una nueva ofensiva contra Ramos Padilla en base a la causa de las escuchas que tiene Bonadio. Los audios llegaron al Consejo. Y a los medios.

Al caso de los “presos K” puede sumarse el de Lázaro Báez cuyo diálogo privado con una mujer llegó al prime time de la televisión y a la portada de los diarios oficialistas. O el de las conversaciones de Oscar Parrilli con la expresidenta Cristina Kirchner, que se reprodujo hasta el cansancio por la televisión y había surgido por una “pinchadura” en la causa “Pérez Corradi”.

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