María Alejandra Fernández, esposa y madre de 10 hijos, denunciaba que, Hoy, 19/08, después de 9 nueve horas, “no nos dejaban retirar el cuerpo, recién a las 10 de la mañana lo retiramos con la negativa del fiscal de realizarle autopsia”.

Su esposa nuevamente denunciaba que, “La fiscal encubre a los policías y su propia negligencia”

El dirigente Verón del MTD “NO AL DESALOJO” falleció en el hospital Perrando de Resistencia debido a la golpiza propinada por la policía del Chaco el 25 de septiembre de 2015, luego de una caza contra los integrantes de este movimiento por los campos donde habitaban los mismos. Una vez cazados fueron salvajemente golpeados y como consecuencia Ángel Verón fue hospitalizado con graves heridas.

El dirigente se encontraba reclamando el día 19 de septiembre, en la ruta a la altura del kilómetro 997 de la ciudad de Resistencia, Chaco, por reanudación de becas, construcción de viviendas y regularización de las tierras que habitan, entre otros proyectos demandados, cuando intempestivamente fueron desalojados y posteriormente cazados en el monte, en las propias tierras que habitaban los integrantes del Movimiento y su dirigente. Cuando fue localizado, dentro de su predio, la policía procedió a la golpiza y posterior traslado, arrastrando a Verón, hacia el camión, localizado sobre la ruta.

María Alejandra Fernández, esposa y madre de 10 hijos, oportunamente denuncio “terrorismo de estado contra su esposo Verón”, y declaraba en esos momentos en que era hospitalizado su esposo:

Que, el MTD “no al desalojo” protestaba en la ruta y fueron reprimidos duramente por lo que se encuentra mi esposo hospitalizado.

Aclaraba que, Jueves 24 de septiembre 2015,   el MTD “No al desalojo” protesto sobre la ruta 11 km 997 porque nos quitaron las becas y cupos para la construcción de viviendas, cuando la policía se hizo presente con el COE, infantería y camión hidratante, luego de veinte minutos procedieron a reprimir persiguiendo a los manifestantes por los montes por varias horas de la noche, hasta que lograron encontrar a Ángel Daniel Verón quien lideraba el reclamo a la vera de la ruta, lo persiguieron y los cazaron dentro del monte, lo patearon, pisaron, garrotearon, luego lo arrastraron hacia la ruta, hasta el camión de la policía, también a su hermano, German Verón, lo detuvieron, desconociéndose su paradero, reclamaba su familia”.

La esposa de Verón, María Alejandra Fernández, madre de 10 niños, denuncio que, por la golpiza de los policías su esposo se encuentra hospitalizado en el hospital Perrando con graves heridas en el estómago y fractura de nariz insistía que, “por el terrorismo de estado aplicado contra su esposo, La esposa, solicitaba al Defensor del Pueblo de la Provincia Del Chaco su intervención para que proceda a denunciar al Gobierno Del Chaco por la represión y golpiza contra su esposo , que por reclamar la devolución de las becas y solicitar cupos de vivienda para trabajar fue reprimido e impedido por las autoridades policiales, atentando contra la libre expresión, el derecho a peticionar a las autoridades.

Agrega la señora que, “el gobierno después de las elecciones cambio de actitud y ahora reprimen, aún más, contra los pobres que reclaman”.

Por otro lado los movimientos sociales repudian la muerte de Verón y exigen la renuncia del fiscal, ministro, secretario de seguridad, jefe de policía, y todos los policías intervinientes en los hechos de represión, no proceder con lo peticionado es encontrarnos con un gobierno que propende a tener formatos de la dictadura militar.

Se trata de un caso de narcomenudeo en la villa La Cárcova, de José León Suárez. Al analizar el expediente para elevarlo a juicio, una magistrada advirtió que la fiscalía solicitó el testimonio de seis efectivos de la Comisaría 4ª, de los cuales cinco están presos desde junio y el restante, prófugo.

De todas las causas que se encuentra analizando la titular del Juzgado Federal 2 de San Martín, Alicia Vence, para elevar a juicio hubo una que acaparó toda su atención. Se trata de un caso de narcomenudeo en la villa La Cárcova, de José León Suárez, que tiene como testigos de los procedimientos a media docena de efectivos de la Comisaría 4ª de esa jurisdicción, los mismos que están presos desde junio por sus vínculos con los traficantes de la zona.

Según consignó Tiempo Argentino, en febrero comenzó una investigación a un grupo de policías sospechados de negociar con "La Banda Ceferino" –por su líder Ceferino Benítez– que operaba en la villa La Cárcova.

Las presunciones se confirmaron y el 24 de junio se concretó la detención del comisario mayor y ex titular de la Jefatura Departamental de San Martín, José Luis Santiso, quien si bien estaba en actividad al momento del arresto se encontraba a la espera de destino.

También fueron apresados por orden de la jueza Vence los tenientes Carlos Cesar Aguirre y Mario Maruri; el oficial Ezequiel Mautouchet y el subteniente José Cano. El oficial principal Gabriel Cabral permanece prófugo.

Se realizaron allanamientos en los que ambos resultaron detenidos con prisión preventiva, pero "elevada la causa a juicio oral, fueron absueltos de las imputaciones que pesaban sobre ellos".

En el marco del mismo expediente se dispuso el arresto de otros dos policías, quienes ya estaban detenidos por otra causa. Todos los policías imputados trabajaban en seccionales o delegaciones de los partidos de San Martín y Tres de Febrero y están acusados de haber brindado protección a bandas narcos que operaban en La Cárcova, de José León Suárez.

La auditora general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, Viviana Arcidiácono, informó que tanto personal a su cargo como efectivos de Policía Federal trabajaron activamente en la investigación y llevaron a cabo los arrestos y allanamientos que les requirió la jueza Vence.

Grande fue la sorpresa de la magistrada al analizar la causa para elevarla a juicio y constatar que la Fiscalía 16 de San Martín presentó como testigos de los procedimientos a ex policías presos por negociar con los narcos en la misma villa.

El abogado Damián Odetti representa a varias personas que están –o estuvieron–detenidas por narcotráfico en San Martín. Al estudiar las causas detectó una situación que se repetía: sus defendidos mantenían una activa comunicación con los efectivos de la Comisaría 4ª de Suárez y que quedó al descubierto con el entrecruzamiento de llamadas telefónicas que ordenó la justicia.

Por ejemplo, se descubrió que el comisario Santiso mantenía una comunicación activa con Lidia del Carmen Bravo, imputada por venta de estupefacientes, y Carlos Rolón, el encargado de pagarle por protección policial y que también fue detenido.

Los testigos del procedimiento en el que quedaron detenidos Benítez y Rolón son los mismos policías que están presos por negociar con los narcos. Según la investigación el oficial José Víctor Gutiérrez les proveía la droga que secuestraba en otros allanamientos. A su vez, se reveló que Bravo insistía a los policías corruptos en que detuvieran a un tal "Cheto" por ser "competencia" en el negocio.

También surgió que los efectivos de la Bonaerense tenían a una menor que vendía drogas para ellos dentro de La Cárcova y que los vendedores de estupefacientes pagaban 5000 pesos por semana a la Comisaria 4ª, 5000 a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín, y otros 15 mil a la Delegación Droga del mismo distrito.

Matriz delictiva

Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de San Martín, dijo que desde la Defensoría denunciaron varias veces ante la Fiscalía 16 la complicidad policial, pero que "nunca tomaron cartas en el asunto".

"Le dictaban prisión preventiva a los imputados y luego les ofrecían un juicio abreviado. Les proponían la pena mínima estipulada en el Código Penal, cuatro años, y los acusados se declaraban culpables de los cargos. Cuando esto sucedía, los detenidos llevaban más de dos años presos y terminaban firmando porque automáticamente se iban en libertad condicional", explicó.

El procedimiento no es ilegal puesto que el artículo 338 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires refiere que las personas procesadas en causas penales tienen la posibilidad de firmar un arreglo con la justicia.

La repetición de los juicios abreviados llamó la atención de Odetti, quien comenzó a rechazar el procedimiento y a pedir que se realicen los debates orales. De ese modo pudo demostrar que sus defendidos trabajaban para un grupo de policías de la Comisaría 4ª que era liderado por el comisario Santiso.

Un vocero de Asuntos Internos explicó a Tiempo que "estos tipos de casos sólo salen a la luz cuando hay internas entre los funcionarios que forman la banda narco".

En ese sentido, en el último tiempo quedó al descubierto una serie de homicidios en la zona de San Martín. "Son casos donde los narcos matan a personas que viven en el barrio donde ellos operan. Algunas veces porque las víctimas quedan en la línea de fuego entre bandas rivales pero en su gran mayoría se trata de ajustes de cuentas. Esos homicidios quedan impunes por la complicidad policial", confió la fuente.

Para Casolati, "los mismos policías que investigaban el narcotráfico participaban del negocio".

"Estas causas –detalló– comenzaron a juntarse desde 2002 en adelante en la Fiscalía 16 de San Martín. Los imputados declararon, en su gran mayoría, que trabajaban para la policía o que les armaron la causa para salvar a los narcos más pesados, como hicieron muchas veces para ayudar a Ceferino Benítez. Es vergonzoso que la justicia tenga que realizar juicios presentando como testigos a ex policías que están presos por narcotráfico."

"Esta causa –concluyó– se supo de milagro. Todavía funciona esa mecánica de corrupción descubierta pero con otros policías que trabajan en la misma comisaría. Es la matriz delictiva de la Policía Bonaerense."

Dos que eran inocentes

En su edición del 2 de octubre Tiempo publicó que la Corte Suprema había confirmado el rechazo al otorgamiento de una indemnización a dos hombres que estuvieron 19 meses presos en una causa por drogas siendo inocentes.

El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, desestimó por razones formales el reclamo planteado por Miguel Antonio Flores y Juan Florentín Cabrera contra el Poder Judicial, por el cual reclamaban 682.400 pesos por los "daños y perjuicios" sufridos.

Ambos denunciaron que fueron "vinculados con un hecho delictivo, privados de su libertad y puestos en prisión preventiva de manera injusta durante más de 19 meses". Según relataron, "en mayo de 2004 la Delegación San Martín de Intervenciones Complejas y Narcocriminalidad efectuó tareas de inteligencia, en el marco de una investigación por presunta comisión de delitos contra la ley de drogas". Se realizaron allanamientos en los que ambos resultaron detenidos con prisión preventiva, pero "elevada la causa a juicio oral, fueron absueltos de las imputaciones que pesaban sobre ellos".

La Justicia española confirmó la detención de Ángel Luis Salor Hoyas, ciudadano español sospechado de ser el jefe de la organización criminal que traficó 287 kilos de cocaína ocultas en un cargamento de manzanas, desde la localidad de Villa Regina, Río Negro a España, descubierto por la AFIP en junio de 2015.

El Juzgado Federal argentino, a cargo de Jorge García Davini, se encuentra formalizando la extradición, a solicitud de la querella de la AFIP y el Ministerio Público Fiscal.

Ariel Velásquez falleció tras ser baleado el pasado 8 de agosto. Gerardo Morales acusó a la agrupación de Milagro Sala. Macri pidió terminar con la "intolerancia y violencia". Desde la Tupac Amaru negaron las acusaciones.

Tres hombres fueron detenidos ayer por el crimen del militante radical Ariel Velázquez que murió ayer tras agonizar durante diez días. Así lo confirmó la fiscal Silvia del Valle Farall en conferencia de prensa: "Tenemos un arma secuestrada y 3 motos. Se realizó la autopsia, se extrajo el proyectil, pero no puedo dar resultados. Hasta el momento no hay vinculación política pero estamos abiertos a cualquier hipótesis".

El joven fue baleado por la espalda cuando ingresaba a su casa en el barrio Juan Pablo II de la ciudad de San Pedro, a 60 kilómetros de la Capital. El hecho ocurrió el viernes anterior a las PASO, luego de que Velázquez terminara de repartir boletas del radicalismo. Aunque en un principio la Justicia calificó el hecho como un robo, surgieron diferentes hipótesis.

El candidato a gobernador de Cambiemos, Gerardo Morales, apuntó a la Tupac Amaru, la agrupación de Milagro Sala. “Las circunstancias no son claras. El hecho concreto que yo puedo decir es que esa tarde Ariel con un grupo de la juventud fueron agredidos por un grupo de la Tupac. A la noche recibió un tiro. El Gobierno manejó muy rápidamente la hipótesis del robo de un celular que a nosotros no nos queda claro. Yo no quiero acusar, pero estas son las circunstancias”, aseguró Morales.

Morales: "Esa tarde Ariel con un grupo de la juventud fueron agredidos por un grupo de la Tupac".

El candidato a gobernador de la UCR, Gerardo Morales , dispuso un duelo y el cese de actividades partidarias por 48 horas. En ese marco pidió hoy al gobierno nacional "no desviar" ni "garantizar impunidad" por el crimen del militante de Velázquez y alertó sobre supuestas "irregularidades" en el proceso de investigación del caso. En diálogo con Vórterix, Morales dijo esta mañana: "Ayer parece que cambió la causa, ​​habría aparecido un testigo encubierto que habría dado cuenta de que se trataria de un homicidio, buscaban matar a otra persona y se equivocaron con Ariel, mataron a Ariel por error".

Fuentes allegadas a Milagro Sala descartaron en INFOnews que la muerte de Velázquez haya sido consecuencia de un ataque con trasfondo político y aseguraron que en el transcurso de hoy realizarán una conferencia de prensa para responder a las acusaciones. Informaron además que la fiscal que investiga el caso precisó que hay tres detenidos por la muerte del militante.

Repudio opositor

El jefe de Gobierno porteño y candidato presidencial del frente Cambiemos, Mauricio Macri , calificó anoche de "realmente grave" el caso. "Creo que más que nunca se trata del cambio que queremos en la Argentina, que nos alejemos de este nivel de intolerancia y violencia, que tiene que ver con un nivel de totalitarismo y autoritarismo para ejercer el poder que no tiene que ver con una convivencia en la pluralidad y diversidad".

Desde el Gobierno Nacional, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández se refirió al tema. "Hablé con Fellner -gobernador de Jujuy- y está muy preocupado por el tema", dijo Fernández , antes de ingresar a su despacho de la Casa Rosada. "Conozco la situación, no conozco a los responsables. Ahora hay que dejar que se investigue", apuntó el funcionario.

Por su parte, la postulante presidencial del frente Progresistas, Margarita Stolbizer, hizo llegar sus condolencias a la familia de la víctima y Martín Lousteau expresó en las redes sociales su "tristeza e indignación" por la muerte del joven. En tanto, la diputada nacional de Pro, Patricia Bullrich, le exigió a la Casa Rosada "una respuesta inmediata" por el crimen del militante radical. "La Presidenta debe hacerse responsable por la conducta violenta de Milagro Sala, que se llevó la vida de Ariel", advirtió en un comunicado.

A través de las redes sociales, la juventud radical convocó a una marcha para mañana, a las 19, en todas las plazas del país para pedir justicia por el asesinato del militante. En la Ciudad de Buenos Aires la convocatoria es en la Casa de la Provincia de Jujuy.