SEGÚN TRASCENDIÓ LA PERSONA DETENIDA VENÍA DE REALIZAR DISTINTOS HECHOS

Por Javier Insaurralde/Hace dos días detienen en nuestra ciudad a una personas de sexo masculino por el robo del camión de la carpintería de la familia Palacios de nuestra ciudad, recordar que el vehículo de gran porte fue robado el pasado 19 de febrero del corriente año, del terreno de la carpintería ubicada en pleno centro de la ciudad, solo se sabía que salió por la calle Saenz Peña hasta la calle Salta y desde ahí hacia el sur de la ciudad, luego se perdieron los rastros.

En la jornada la fiscalía de investigaciones a cargo de la Dra Raquel Maldonado le estaría tomando declaración como imputado, el detenido es D.S. , hace poco tiempo fue tomado por las cámaras de seguridad cuando a altas horas hacia palanca en las rejas de un comercio de la avenida Güemes para que entre su pareja a robar el dinero.

A PARTIR DE UNA DENUNCIA PRESENTADA POR LA AFIP, LA JUSTICIA ORDENÓ LA DETENCIÓN DEL EMPRESARIO JUAN BLAKSLEY Y SU SOCIO FEDERICO DOLINKUE. AMBOS ESTÁN ACUSADOS DE MÚLTIPLES DELITOS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: ASOCIACIÓN ILÍCITA, ESTAFA, CIRCULACIÓN Y REINSERCIÓN EN EL MERCADO DE FONDOS, EVASIÓN FISCAL Y QUIEBRA FRAUDULENTA.

Ahora se aguarda que en las próximas horas ambos sean indagados y, eventualmente, procesados con prisión preventiva.

La medida la dispuso la jueza María Romilda Servini de Cubría. La causa se inició a partir de una denuncia formulada por el área de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP luego de corroborar la existencia de una estructura jurídica y operativa destinada a captar fraudulentamente sumas de dinero de ahorristas en todo el país, por fuera de lo que prevé la Ley de Entidades Financieras.

En la denuncia de la AFIP se detalló un entramado societario dirigido por un lado a captar el ahorro del público ofreciendo exorbitantes tasas de interés. Por otro lado, ese dinero se enviaba a distintas sociedades radicadas en paraísos fiscales, principalmente en Panamá.

La investigación penal avanzó sin tropiezos hasta que los funcionarios de la AFIP detectaron, en abril del año pasado, una maniobra de estafa procesal que consistía en la apertura de un proceso de acuerdo preventivo extrajudicial donde los imputados, fraguaron constancias documentales y balances comerciales de la firma HOPE FUNDS SA, para ofrecer fraudulentamente una solución de reintegro del capital a los ahorristas damnificados.

Esta irregularidad fue advertida por la AFIP a la jueza de la causa y derivó en el embargo e inhibición general de bienes sobre el patrimonio societario y personal de Blaksley para asegurar los daños causados por su maniobra e impedir nuevas medidas de ocultamiento de los bienes y dineros ilegalmente sustraídos.

Por último, la AFIP amplió la imputación del delito de evasión fiscal luego de constatar la simulación de pasivos que eran consignados en el balance de la firma Hope Funds con intención de eludir el pago del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado. Esta investigación se extendió a todo el grupo económico dirigido por el propio Blaksley.

BUSCAN INTENSAMENTE A LOS SUPUESTOS EJECUTORES GUSTAVO “TATI” BARRIOS, QUE SERÍAN LOS HERMANOS PABLO Y ELÍAS OCAMPO, CON RESIDENCIA EN LOS BARRIOS 100 Y 150 VIVIENDAS, DE VILELAS, SEGÚN HABRÍA APUNTADO UN TESTIGO.

En un hecho que la policía intenta esclarecer perdió la vida Gustavo “Tati” Barrios, hijo de un conocido dirigente justicialista de Barranqueras. El homicidio de Barrios, ocurrió a las 14.40 en el barrio 25 Viviendas, en Puerto Vilelas y el hecho es investigado por el fiscal en turno Roberto Villalba quien ordenó la búsqueda de dos hermanos, como supuestos autores del crimen, de acuerdo a lo declarado a los policías por un vecino.

Fuentes ligas a la investigación confirmaron a REPORTE24 la muerte de “Tati” Barrios de 42 años y también que los posibles ejecutores son buscados intensamente. Un vecino fue el que alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre herido de gravedad, por lo que los servicios médicos acudieron a la escena, en parcela 69, chacra 299, pero nada se pudo hacer para salvar al hombre.

Trascendió que se ordenó la realización de la autopsia, aunque preliminarmente deslizó que la víctima presenta múltiples lesiones en las piernas, afectando a la arteria femoral, las que habrían causado la masiva pérdida de sangre y posterior deceso de Barrios.

Un testigo aportó datos sobre los posibles criminales, que son intensamente buscados. Los sospechosos del asesinato del hijo de Hipólito “Niko” Barrios, de trayectoria política en Barranqueras, son Pablo y Elías Ocampo, con residencia en los barrios 100 y 150 Viviendas, de Vilelas. Los sabuesos sospechan de viejas rencillas, que terminaron esgrimiéndose en una riña sangrienta.

Se indicó que un hermano atendió a los dos sujetos, quienes preguntaron por Gustavo. Los testigos agregaron a pesquisas que primero se produjo una fuerte discusión, y después la letal agresión con armas blancas, golpes de puño y patadas.

Los hechos según información llegada Reporte24

En la fecha fecha, hora 15.30 se recepciono llamado Cria. Vilela crio. Insp. Jacobo Miranda, quien dio conocimiento de una persona sin vida, de nombre GUSTAVO BARRIOS (a) TATI, quien se hallaría en B° Isidro Velázquez, chacra 299, pc 69, constuido personal dio cuenta que efectivamente se trataba del antes mencionado. Mismo tuvo una trifulca con los ciudadanos PABLO Y ELIAS OCAMPOS, siendo herido con arma blanca en ambas piernas zona de muslos. Presentes en el lugar fiscal N°05 Roberto Villalba, Crio. Mayor Ruiz Díaz. Jefe Cria. Vilelas crio. Insp. Miranda Jacobo, Insp. De turno crio. Insp. Sosa rolando, gabinete científico a/c. Dra. Juarez Vanesa, médico policial Dr. Avalos adrian. Autores se hallan prófugos. Cuerpo es trasladado a IMCIF en móvil teratológico fines póstumos

LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS SE DAN EN EL MARCO DE LA CAUSA FEDERAL QUE INVESTIGA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS POR LA QUE ESTÁN DETENIDOS EL SINDICALISTA JACINTO SAMPAYO, SU HIJO FACUNDO, ALEJANDRO FISCHER, FÁTIMA RIGASSIO Y MÓNICA CENTURIÓN (ESPOSA DE SAMPAYO, CON PRISIÓN DOMICILIARIA),

La contadora Patricia Vázquez se había presentado espontáneamente este miércoles ante el fiscal Patricio Sabadini. Los datos aportados propiciaron este jueves el allanamiento de la sede de la ONG que fue un ícono de la gestión municipal anterior, así como de un estudio contable de quien sería el testaferro de uno de los detenidos.

Los nuevos procedimientos se dan en el marco de la causa federal que investiga el delito de lavado de activos por la que están detenidos el sindicalista Jacinto Sampayo, su hijo Facundo, Alejandro Fischer, Fátima Rigassio y Mónica Centurión (esposa de Sampayo, con prisión domiciliaria),

Fischer, sindicado como operador político y colaborador de la exintendenta de Resistencia, sería apoderado de la fundación, así como lo era de la empresa Pimp SA, por la que también está arrestada su esposa, Fátima Rigassio.

La ONG tuvo a Aída Ayala como una de sus fundadoras, pero también hubo representantes de la actividad empresarial, política, de la cultura, así como de entidades y asociaciones privadas, como el arquitecto Carlos Alabe y el exlegislador y Vicegobernador radical Eduardo Moro. Su primer presidente fue el exrector de la UNNE, Oscar Valdés.

Entre las autoridades de la fundación estuvieron el exdiputado Leandro Salón, Alicia Ogara y hasta tuvo un consejo asesor con Fabriciano Gómez y Pocho Roch entre sus referentes. Se trataba nada menos que de un espacio destinado a generar políticas públicas “para la provincia y la región”: un auténtico think tank de la época.

El otro allanamiento dentro de la línea investigativa que tiene a Pimp SA, la empresa a cargo de la recolección de residuos en Resistencia, en el ojo del huracán, se llevó a cabo en un estudio contable ubicado en la calle Brown. Su titular habría sido señalado como asesor financiero de Carlos Huidobro, presunto testaferro de Jacinto Sampayo, y los elementos secuestrados por Gendarmería podrían ser determinantes para la situación procesal del líder sindical y su hijo.

Huidobro es titular de la empresa Coyrel SA (Coyrel Motos Center), dedicada a la venta de motos, y de la constructora Tecmasa, una firma que tuvo sus años de oro participando de licitaciones públicas durante la gestión de Ayala.