EN RADIO AMÉRICA, EL MAGISTRADO LUIS ARIAS DETALLÓ LOS ARGUMENTOS DE LA RESOLUCIÓN QUE PROHÍBE REALIZAR MODIFICACIONES EN EL ORGANISMO.

El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, habló con Detras de lo que vemos, el programa de Radio América, sobre de su medida precautelar que prohíbe al Gobierno realizar modificaciones en la Afsca y explicó que “no anulé la intervención ni ordené la reposición de las autoridades desplazadas”.

“Mi fallo lo que impide, por ejemplo, es remover funcionarios o empleados como así también la fusión de los organismos de comunicaciones”, explicó en referencia a la fusión que dictó por decreto el gobierno nacional entre la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) en un único ente que regulará las comunicaciones: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias

“Nosotros hemos hecho esto porque nos parece una flagrante violación y revierte el orden internacional. Estas medidas son preventivas para minimizar los daños”, agregó Arias y reiteró que “queda sin efecto el organismo anunciado hoy”.

“Por decirlo de alguna manera, lo que se hace el fallo es congelar la imagen de esta película. Pusimos una fecha a partir de la cual empieza a regir la medida que seria a partir del día de ayer, no nos referimos a ninguna medida en particular”, añadió.

“Que el Congreso esté cerrado no es una situación de urgencia. Entonces no hay razón para modificar una ley por un decreto"

A su vez, expresó que su fallo “se limita las facultades a la intervención hasta que no se resuelva la cautelar que es la suspensión de los decretos. Esta es una suspensión limitada” y añadió que “el Gobierno puede apelar la medida si se le habilita la feria judicial.

“La administración tiene que respetar las leyes. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del Gobierno en referencia al poder ejecutivo. Pero el gobierno en verdad lo detenta el Congreso aún en regímenes presidencialistas. En Estados Unidos no hablan del gobierno de Obama, sino de la administración de Obama porque el gobierno siempre tiene Congreso”, sentenció Arias.

En ese sentido, destacó “que el Congreso esté cerrado no significa una situación de urgencia” y afirmó que “entonces no hay razón para modificar una ley a través de un decreto. Esto es una violación flagrante a la Constitución”.

"La legislación nos permite adoptar medidas preventivas frente a una violación fragante del orden jurídico como la que ocurre con estos decretos"

“Tienen que ser casos de graves catástrofes. Ya la corte se ha expedido en reiteradas oportunidades al respecto”, explicó y sostuvo que “como la legislación nos permite adoptar medidas preventivas frente a una violación fragante del orden jurídico como la que se da verdaderamente con estos decretos, hemos decidido evitar el agravamiento del daño ordenando a la intervención del AFSCA como al Poder Ejecutivo que no se adopten medidas que impliquen un cercenamiento de derechos o bien el otorgamiento de derecho que luego sean difíciles de remover en caso de una sentencia definitiva, como no dudo que va haber anulando estos decretos”.

“Frente a una amenaza de lesión y de la responsabilidad internacional del Estado conforme a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Europea de Derechos Humanos que nosotros citamos en nuestro fallo, creo que hay una situación de un daño inminente que hay que tratar de mitigar”, concluyó Arias.

ECONOMÍA

El ex presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, denunció que "en los últimos dos meses el aumento de precios fue desorbitante y la gente consume mucho menos".

El ex presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, denunció que "en los últimos dos meses el aumento de precios fue desorbitante y la gente consume mucho menos". "La actividad económica sigue planchada, los precios siguen subiendo. Los resultados macroeconómicos no se ven", advirtió. Pignanelli sostuvo que "hay más credibilidad y existen síntomas alentadores, debido a que el gobierno de Macri es más racional". Aunque advirtió que "la economía es contradictoria" y que "los dólares de los bancos que ingresen son vitales porque van a reforzar las reservas, pero aún no han ingresado", reflejó Tiempo Argentino.

"El 6 de enero vencen los U$S 9000 millones que Néstor Kirchner le pagó al FMI en 2006, el BCRA tiene en su activo una letra sin intereses que equivale a esa cifra y se supone que tesorería le va a entregar una letra con interés. Eso sería la garantía para este crédito que se está esperando y reforzar las reservas", precisó. También dijo que "no se sabe qué pasará (con el dólar) hasta tanto se cumpla el ciclo total de la salida del cepo, queda la mitad del cepo que no ha salido, que es la deuda por las importaciones que no se está pagado y se hizo una restructuración a 12 meses". Acotó: "Me preocupa el valor del dólar en cuanto al traslado a los precios".

JUSTICIA?

El magistrado revocó el procesamiento y firmó el sobreseimiento por entender que no hay pruebas para enviar a Macri a juicio oral. El fallo del juez podría ser apelado por alguna de las dos querellas ante la Cámara Federal porteña.

En la resolución, el magistrado entendió que hay una diferencia entre las responsabilidades "políticas y las responsabilidades penales" y que la tarea de la Justicia es reunir prueba para penar estas últimas, según explicaron fuentes judiciales.

En ese aspecto, remarcó que a lo largo de más de cinco años de investigación no se reunieron pruebas para demostrar que el Presidente hubiese estado al tanto de las escuchas ilegales a las que fueron sometidos su ex cuñado Néstor Leonardo y el familiar de víctimas del atentado a la AMIA Sergio Burstein.

Ambos habían pedido que Macri sea enviado a juicio oral con el resto de los procesados del caso, pero el juez desestimó estos planteos y sí tuvo en cuenta el dictamen del fiscal federal Jorge Di Lello, quien coincidió en la falta de pruebas contra el ex jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires

El fallo de Casanello podría ser apelado por alguna de las dos querellas ante la Cámara Federal porteña.

Con esta decisión, el procesamiento de Macri como supuesto partícipe de la red de escuchas montada bajo el amparo de la estructura del gobierno porteño quedó revocado.

Los demás procesados, entre ellos el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios, fueron ya enviados a juicio oral.

VÍCTOR HUGO MORALES ANALIZÓ EL CAMBIO DE GOBIERNO Y CUESTIONÓ QUE “EL PODER REAL ESTÁ SUMADO AL PODER POLÍTICO”. TAMBIÉN HABLÓ DE LA DESPEDIDA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Víctor Hugo Morales analizó al nuevo gobierno y cuestionó las medidas tomadas en materia económica al asegurar que “lo que tienen que hacer es favorecer a las cerealeras y a los ricos que necesitan de lo financiero”.

“Los que aplican estas políticas son presentables, tienen buena imagen”, dijo el periodista y consideró que “apostaron a generar una imagen y que de esa imagen salgan cosas positivas”.

Durante una entrevista con Roberto Navarro en C5N, el periodista disparó: “Prat Gay entendió como buena noticia lo que fue una noticia terrible: que ahora vos con 7 mil pesos de salario tenés que hacer frente a un aumento del 40 por ciento”, destacó y consideró que “la gente tiene la fantasía de que va con una bolsa al banco y compra dos millones de dólares. Pero cuando la gente se dé cuenta, va a dejar de acompañar”.

“Prat Gay entendió como buena noticia algo terrible: ahora con 7 mil pesos tenés que enfrentar un aumento del 40 por ciento”

Por otro lado, afirmó que en el gobierno de Cambiemos "Magnetto es el gran jefe. Ahora el poder político está sumado al poder real: el de los medios y de las corporaciones industriales”.

“En el gabinete designan gente directamente de Clarín, La Rural y La Nación. Se llevan todo por delante, con una imagen de guapeza pero no explican cómo”, sostuvo Víctor Hugo.

“En ese movimiento, estableció que en cada hora aparece una noticia. Es imposible pensar y analizar el juego. Tiene que pasar algo en el mundo y en Argentina. No podemos seguir estrangulados informativamente por estos medios tan poderosos que son el mascarón de proa del neoliberalismo”, agregó.

Finalmente, el periodista habló sobre la despedida a Cristina: “No existe registro en la historia de una cosa así, no he visto nada igual. TN eligió dejar de transmitir ese acto para mostrar la asunción de Rodríguez Larreta en la Ciudad”.

“Los medios internacionales lo ignoraron. Eso marca las dificultades que va a tener este gobierno con cada derecho que se pierda”, concluyó.

TRAS LA INTERVENCIÓN

El titular destituido de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual presentó un amparo y un habeas corpus contra el decreto de Mauricio Macri que ordena la intervención del organismo.

El titular destituido de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, realizó dos presentaciones hoy ante la Justicia por el Decreto del presidente Mauricio Macri que ordena la intervención del organismo.

En ese sentido, Sabbatella presentó una Acción de Amparo en la que solicita la nulidad absoluta del Decreto 236/2015 que fue el que ordenó la intervención del AFSCA.

El texto del amparo

META PALOS Y A LA BOLSA

Un obrero herido y otro detenido fue el saldo parcial del desalojo de los trabajadores de la avícola, en el marco de la quinta jornada de protesta y corte de tránsito en la Autopista Riccheri -en el ingreso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza-, en reclamo del pago de salarios y de la continuidad de sus puestos de trabajo.

El operativo que esta mañana llevó adelante Gendarmería Nacional para desalojar el piquete que los trabajadores de la avícola Cresta Roja realizaban sobre la autopista Ricchieri, se saldó con un obrero herido y otro detenido, mientras que desde el ministerio de Trabajo confirmaron que a las 19 horas, el titular de esa cartera, Jorge Triaca, recibirá a los trabajadores de esa empresa para buscar resolver el conflicto.

Quinta jornada de protesta.

Durante este mediodía, Carlos Mansilla, delegado gremial, recibió una decena de perdigonadas en la espalda durante la protesta realizada sobre la autopista Ricchieri, que le provocaron graves heridas y por las cuales fue trasladado de urgencia a un hospital cercano.

Por la intervención de hoy de los efectivos de la Gendarmería Nacional no sólo resultó herido Mansilla sino que otros trabajadores de la planta avícola recibieron también heridas de distintas consideración, aunque no de gravedad.

El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, había anticipado más temprano que los manifestantes "no podían perjudicar así a otros trabajadores" y en declaraciones a radio Blue afirmó que "el derecho de unos termina donde empieza el derecho de otros".

Burzaco ratificó que el Gobierno trabaja en un protocolo para actuar en caso de cortes de rutas y precisó que su línea central será "entender que hay un derecho a manifestarse pero también hay otros derechos".

"Los cortes totales están prohibidos por ley, con un marco de razonabilidad hay que buscar una solución para que la ley se cumpla", manifestó.

Durante el operativo, también fue detenido por la Gendarmería el operario Diego Acosta y llevado bajo su custodia a la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Ezeiza.

En la segunda protesta del día, que se desencadenó pasado el mediodía, los obreros de Cresta Roja recibieron la solidaridad de partidos de izquierda y de dirigentes sindicales de esa corriente política.

Por la mañana, alrededor de las 9.10 cuando conformaron un cordón y con sus escudos, los uniformados comenzaron a llevar a los manifestantes hacia la banquina de la autovía, que reaccionaron arrojando piedras, botellas y todo lo que encontraron a su alcance.

Las primeras informaciones indicaron que dos gendarmes habían resultado heridos, pero fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación no pudieron confirmarla.

"Dialogamos ayer con la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) que nos dijo que mantengamos el acampe, que no se nos iba a tocar porque el reclamo es justo y hoy Gendarmería dice que las directivas del Presidente de la Nación es que si no nos íbamos en cinco minutos nos sacaban", denunció otro de los delegados a los medios de prensa.

Los empleados iniciaron la protesta en el lugar el miércoles de la semana pasada, lo liberaron durante el fin de semana y desde ayer retomaron la manifestación dejando un solo carril habilitado.

Los empleados de la firma avícola se concentraron ayer en la intersección de avenida de Mayo y 9 de Julio y luego marcharon hacia Casa de Gobierno, donde presentaron un petitorio para pedir una "solución inmediata" a sus demandas.

Las evacuaciones se dieron en Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe por las crecidas de los ríos Uruguay y Paraná. En tanto, en Paraguay había unos 72.500 evacuados en refugios y centros de asistencia.

En Chaco había más de 1.000 familias evacuadas por el desborde del Paraná y el Paraguay, que registró un leve descenso de tres centímetros en las últimas 24 horas, al pasar de 7,25 a 7,22 metros, mientras que 2.500 habitantes de la Isla del Cerrito permanecían aislados.

Una cantidad similar de habitantes costeros dejaron sus casas en las localidades de Puerto Vilelas, Barranqueras, Colonia Benítez y Colonia Tacuarí.

El gobernador chaqueño, Domingo Peppo, informó al ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, que "son 5.000 afectados por las crecientes" y que la situación "puede agravarse", durante una reunión que mantuvieron en la Casa Rosada.

"Las distintas áreas del Ejecutivo Provincial llevan adelante un pan integral de asistencia a los afectados con las puesta de marcha operativos sanitarios, entrega de mercaderías, asistencia a productores y obras de infraestructura para resguardar las costas", señaló el secretario General de la Gobernación, Horacio Rey.

En Entre Ríos cerca de 1.000 personas fueron evacuadas de sus hogares por la crecida del Uruguay, que marcaba una altura de 13,26 metros, por encima de los 12,50 metros del nivel de alerta.

La ciudad de Concordia era la más afectada, donde 150 familias (más de 850 personas) debieron dejar sus hogares, mientras que en Concepción del Uruguay había 25 familias evacuadas de los barrios Cantera 25 e Itapé.

En ese puerto el río tenía hoy una profundidad de 6,73 metros, 43 centímetros por encima de la marca que dispara la etapa de evacuación, y en la ribera occidental de la provincia el Paraná continuaba creciendo pero sin generar damnificados.

En la ciudad de La Paz, con seis metros de profundidad, las aguas se situaron hoy 15 centímetros por debajo de la etapa de evacuación, mientras que en Paraná el río superaba en 16 centímetros la etapa de alerta y se acercaba a la de evacuación, fijada a partir de los cinco metros.

En Formosa, en tanto, el Ministerio de Salud provincial continuaba asistiendo a las más de 600 familias evacuadas en Clorinda, donde la altura del río en Puerto Pilcomayo era de 8,30 metros con tendencia ascendente, según mediciones realizadas por Prefectura Naval Argentina.

"Ese trabajo nos permite mantener controlado el estado sanitario de los grupos familiares por medio de chequeos de rutina y el control de los casos que presentan inconvenientes y requieren ser tratados por algún especialista en particular", precisaron y agregaron que también se están brindando a la comunidad charlas preventivas sobre dengue y chikunguña.

Asimismo, en Santa Fe el río Paraná superaba hoy en más de 30 centímetros el nivel de evacuación en el puerto de la ciudad de Reconquista y comenzaba a anegar la zona de muelles, por lo que se trabajaba en la elevación de defensas para evitar el traslado de alrededor de 800 familias que residen allí.

Voceros de Defensa Civil y del municipio local informaron a Télam que en la mañana de hoy se registraba una altura de 5,69 metros en la estación pluvial, marca que supera ampliamente los 5,30 metros fijados como nivel de evacuación.

Ante esa situación, las autoridades trabajaban en la elevación del anillo defensivo con bolsas de arena, aunque hasta el momento la situación estaba en calma.

En Paraguay las inundaciones provocadas por el río homónimo en Asunción obligaron a unas 72.500 personas a evacuarse de sus hogares, de las que 66.000 están viviendo en un centenar de espacios proporcionados por el Gobierno a lo largo de la ciudad, mientras que el resto se aloja en casas de familias.

Unos 10.000 de ellos están evacuados desde desde 2014, cuando la crecida del río Paraguay dejó unos 85.000 damnificados, precisaron fuentes gubernamentales, que agregaron que el resto comenzó a abandonar sus viviendas hace unos diez días tras la subida del río, que hoy marcaba 7,61 metros, por encima de las previsiones, que estimaban 7,50 metros para Navidad.

La semana pasada el presidente paraguayo, Horacio Cartes, decretó el estado de emergencia en Asunción y en siete departamentos afectados, mientras que la mayoría de los perjudicados procede de Los Bañados, un barrio humilde situado en la franja del río.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió esta tarde alertas por lluvias y tormentas fuertes para Santa Fe, Entre Ríos, oeste y centro de Chaco, sur de Corrientes y oeste y centro de Formosa, por lo que las condiciones podrían complicarse en los próximos días.

Alejo Ramos Padilla explicó que "hasta que se resuelva el fallo no pueden asumir", aunque aclaró que no se trató de una declaración de inconstitucionalidad. Además, rechazó las acusaciones: "No importa qué hago en el cuarto oscuro sino los fundamentos del fallo".

Habló el juez que frenó los nombramientos en la Corte: "Son precedentes nefastos para la República"

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, que frenó las designaciones de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema, explicó hoy que "se pidió a la Corte que no tome juramento", pero no se trató de una declaración de inconstitucionalidad del mecanismo utilizado por el presidente Mauricio Macri para nombrarlos, aunque lo consideró "un precedente nefasto para la República".

"Se pidió a la Corte que no tome juramento y en el futuro puede declararse la inconstitucionalidad", sostuvo Ramos Padilla en diálogo con el programa Guetap de radio Vorterix, y consideró que "no es válido fundamentar un decreto con una cita de cuando gobernaba Mitre".

En ese sentido, explicó que "hasta que se resuelva el fallo no pueden asumir" y remarcó: "Ojalá no lo hagan porque estos precedentes son nefastos para la República". Según el magistrado, "los miembros de la Corte tienen que someterse a la Justicia como cualquier otro individuo".

De paso, aprovechó para contestarles a quienes lo señalaron como un "juez militante" cercano al kirchnerismo: "No importa el pensamiento del juez y qué hago yo en el cuarto oscuro sino los fundamentos del fallo". "No tengo ningún motivo para que digan que soy cercano a un modelo. En algún momento abracé algunas causas, pero he representado a Ernesto Sanz, a Alfredo Bravo, a Chicha Mariani", argumentó, y agregó: "Lejos está de mí polemizar con el Presidente".

SUCEDIÓ EN LA ESCUELA EPES N° 22 MALVINAS ARGENTINAS, DE FORMOSA, LA MADRE PIDIÓ EXPLICACIONES A LA DIRECTORA, ADEMÁS DE PROTECCIÓN Y GARANTÍAS PARA SU HIJO BRIAN EZEQUIEL LAGRAÑA

NI UNA MENOS: La madre del alumno BRIAN EZEQUIEL LAGRAÑA de la Escuela EPES N° 22 Malvinas Argentinas, denunció ante la directora del establecimiento Angélica Alcaraz, que el profesor de Matemática Alonso Ruperto, agredió a su hijo verbalmente y al calificar su examen con una nota diciendo que es “BURRO IGUAL QUE LA MADRE”.

La progenitora pidió explicaciones y la intervención a la directora para garantizar protección y resguardo para su hijo, contra las agresiones psicológicas y los insultos de quienes deberían formarlo y educarlo, “sin restar importancia a la humillación pública que ha traído (la nota) a nuestra familia”.

RECLAMO DE LA MADRE

A la sra. Directora de la E.P.E.S N’ 22 Malvinas Argentinas prof. Angélica Alcaraz

Su despacho: Me dirijo a usted a los efectos de informarle que mi hijo BRIAN EZEQUIEL LAGRAÑA fue agredido de manera verbal y escrita por el prof. de Matemática Alonso Ruperto diciendo que es “BURRO IGUAL QUE LA MADRE” constando dicho escrito en un examen. Ante está situación me veo en la necesidad de exigir una explicación debido a que esta agresión atenta hacia la integridad psicológica y moral de mi hijo, sin restar importancia a la humillación publica q ha traído a nuestra familia.

Solicitó a usted, y por su intermedio a las autoridades que correspondan, la intervención ante esta situación y asi garantizar la protección de mi hijo. Informando además q por tal situación iniciare acciones legales ante la justicia.

A esta nota se anexa una copia del examen en donde consta la agresión. Sin mas que agregar, y a la espera de una pronta repuesta la saludo.

Entre los imputados están el ex secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, el entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos; al ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi; y al ex director general de Operaciones de la Federal, Norberto Gaudiero.

La fiscalía solicitó penas que van entre los 2 y 16 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para los 17 imputados por la represión ejercida contra manifestantes el 19 y 20 de diciembre del 2001 en la Ciudad de Buenos Aires, que causó la muerte a cinco personas y heridas a más de cien.

En esos pedidos de condenas planteados ante Tribunal Oral Federal 6, se incluyó al ex secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, como así también al entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos; al ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi; y al ex director general de Operaciones de la Federal, Norberto Gaudiero.

Para Mathov y Santos, los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron una condena de 5 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años; en tanto para Andreozzi solicitaron tres años y ocho meses de prisión; y para Gaudiero, 3 años y seis meses de prisión, ambos también con inhabilitación pero por 7 años.

A cada uno de ellos, la Fiscalía los consideró “autor penalmente responsable de homicidio culposo en cinco ocasiones; de lesiones culposas en perjuicio de 48 personas, y de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De esta forma dio por probada la responsabilidad de estos altos funcionarios en los trágicos sucesos ocurridas en aquellas jornadas del 2001, en las que fue desplegado un violento e inusitado operativo de seguridad contra quienes manifestaban contra el gobierno de Fernando de la Rúa.

Mathov es el único responsable político imputado en esta causa, dado que, antes del inicio del proceso, el ex presidente De la Rúa quedó sobreseído y el entonces ministro del Interior –de quien dependía la Secretaría de Seguridad-, Ramón Bautista Mestre, falleció en marzo del 2003.

Sobre quienes recayeron los más importantes pedidos de condenas de la fiscalía –con penas que van entre los 16 y los 12 años de prisión- fueron los nueve policías que actuaron en la Avenida 9 de julio, comandados por Orlando Juan Oliverio, para quien solicitaron la pena de 16 años de prisión.

En los casos de Mathov, Santos, Andreozzi y Gaudiero, la fiscalía consideró a cada uno de ellos como “autor penalmente responsable de homicidio culposo en cinco ocasiones; lesiones culposas a 48 personas; y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En tanto, a los nueve policías que actuaron en la zona del Obelisco, adonde llegaron a bordo de dos autos y una camioneta no identificados, la fiscalía los consideró coautores o partícipes secundarios –según el caso- de los delitos de homicidio simple en perjuicio de Alberto Márquez, y en grado de tentativa en perjuicio de Paula Simonetti y Martín Galli, agravado por el uso de armas de fuego.

Se trata, además de Oliverio, de Ariel Firpo Castro, Mario Andrés Seia , Carlos José López, Roberto Emilio Juárez, Eugenio Figueroa, Norberto Pablo Sabbino, Sebastián Leonardo Saporitti y Horacio Bautista Berardi.

Para Oliverio, la fiscalía solicitó una condena de 16 años de prisión; mientras que, para Castro, López y Juárez pidió 14 años de prisión; para Seia y Oliverio 16 años de prisión; y para Sabbino, Saporitti y Berardi, penas de 5 años y cuatro meses de prisión, todos ellos con inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años.

Por otro lado, al ex principal Víctor Manuel Belloni la fiscalía lo consideró “autor penalmente responsable de homicidio simple en grado de tentativa por empleo de arma de fuego” y pidió al Tribunal que le imponga una pena de 10 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En tanto, al ex subcomisario Omar Bellante lo consideró “autor penalmente responsable de encubrimiento agravado del homicido de Gustavo Benedetto” –ocurrido el 20 en Chacabuco y Avenida de Mayo, frente la sede del banco HSBC- y requirió que se lo condene a 3 años de prisióner cargos públicos por 6 años.

Los pedidos de condenas planteados en la audiencia de hoy por la Fiscalía se completaron con los solicitados para Jorge Daniel Toma –para quien pidió 2 años y seis meses de prisión- y Alberto Loforte –para quien solicitó 2 años de prisión- por encontrarlos “autores individuales del delito de vejaciones” por la golpiza a manifestantes.

Para estos dos imputados, la fiscalía planteó que su cumplimiento podría dejarse en suspenso y ser complementada con algún tipo de tarea comunitaria.

Así lo planteó el equipo fiscal que interviene en este proceso –coordinado por el fiscal Mauricio Viera- al concluir su alegato, que se extendió a lo largo de seis audiencias.

En el marco de este juicio oral y público, se investigan los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Diego Lamagna; la tentativa de homicidio de Martín Galli y Paula Simonetti; y las lesiones causadas, en distinto grado, en perjuicio de 117 personas.

A lo largo de estas audiencias, el equipo fiscal buscó demostrar no sólo la responsabilidad de cada uno de los policías en la represión, sino que también procuró desestimar la estrategia defensiva desplegada por Mathov, que en todo momento aseguró haber estado ajeno a los hechos y descargó responsabilidad en su superior, el ahora fallecido Mestre.

En tanto, ahora, las audiencias de este juicio serán retomadas la primera semana de enero, para cuando fue habilitada la feria para continuar con lo alegatos los días 6, 7 y 8.

Luego de esa instancia, el debate será retomado la segunda semana de febrero, cuando se prevé que comiencen los alegatos de las defensas de Mathov, Santos, Andreozzi y Gaudiero.