CON ESA AFIRMACIÓN, SORPRENDIÓ A TODOS EN LA MESA DE MIRTA LEGRAND EL DIRIGENTE SINDICAL LUIS BARRIONUEVO. “LES DOY UNA PRIMICIA”, DIJO. Y SIGUIÓ: “EN ABRIL O EN MAYO, VA A TENER UN FUNCIONARIO PRESO: LUIS CAPUTO”.

Además, recordó que “hay 27 funcionarios nacionales que están siendo investigados”.

Y pidió no “estigmatizar” a todo el sindicalismo con las denuncias: “Si hay que transparentar, transparentemos, no globalicen ni digan ‘los sindicalistas’; son periodistas, son curas, son actores, son actrices que se han prestado a esquilmar al Estado”, agregó.

Además, explicó por qué cree que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, puede ir preso: “Porque trabajaron la plata de ANSES. La sacaron y la pusieron a trabajar en una empresa que era de Caputo. Está la investigación en la Justicia, están todas las denuncias”, dijo, para sorpresa de Legrand. “Es muy fuerte eso”, le respondió la conductora.

En las últimas semanas, se profundizó la grieta entre Barrionuevo y el gobierno de Cambiemos. Hasta mediados de 2016, el líder de los gastronómicos era un acérrimo defensor de las políticas de ajuste del oficialismo. Ahora, es uno de los principales críticos.

LA INFLACIÓN ANUAL DE 2015 FUE DE 26,7 POR CIENTO, MIENTRAS QUE EN EL PRIMER AÑO DE GESTIÓN DE MAURICIO MACRI SE DISPARÓ A 41,2 POR CIENTO

Lo señala un informe de la Universidad de Avellaneda sobre la base de la pauta inflacionaria proyectada por el gobierno, que la mayoría de los analistas estima que se ubicará en el 17,4 por ciento, más de 2 puntos por encima de la pautada por el Banco Central.

Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda advirtió que de cumplirse la expectativa inflacionaria del mercado para 2018 y la pauta salarial del 15 por ciento que quiere imponer el Gobierno nacional, los salarios sufrirán un “empeoramiento general”, ratificando la tendencia que comenzó hace dos años, con la asunción de Cambiemos.

El informe destaca que según las estadísticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la inflación anual de 2015 fue de 26,7 por ciento, mientras que en el primer año de gestión de Mauricio Macri se disparó a 41,2 por ciento.

Como pasó con la reforma previsional a nivel nacional, cualquier modificación del Instituto de Previsión Social (IPS) fue negada en la última campaña electoral por el gobierno de María Eugenia Vidal. Sin embargo, ahora se supo que Cambiemos quiere cambiar el sistema jubilatorio de los empleados estatales bonaerenses modificando el cálculo de aportes y salarios, y cambiando la edad jubilatoria. Nueva guerra en puerta.

Según hizo trascender el oficialista diario La Nación, la administración de Vidal trabaja a contrarreloj en un proyecto que seguramente generará una nueva disputa con los empleados públicos de Buenos Aires. Por ahora, Cambiemos acotó la batalla al régimen de los trabajadores del Banco Provincia.

“Seguramente este año comenzaremos a trabajar lo que tiene que ver con un sistema más previsible y más sustentable, que tenga que ver con la edad, con los aportes y en regímenes que no sean distintos en todo el país”, aseguró Cristian Gribaudo, titular del Instituto de Previsión Social.

Habrá que ver cuándo Vidal avanza con ese proyecto, ya que el contexto actual no es el más apropiado, debido a la tensión existente con los gremios docentes por las paritarias 2018. Además, el gobierno bonaerense abrió un espacio en una web oficial para alentar que los maestros se puedan desafiliar a los sindicatos. Por último, Vidal quiere que las subas salariales tengan un techo del 15%, en sintonía con Casa Rosada.

“INCONSTITUCIONAL POR DONDE DE LO LEA Y ANALICE”, EXPLICA EL CONSTITUCIONALISTA FÉLIX LÖN. “UN DECRETO NO PUEDE MODIFICAR LEYES LABORALES NI REFORMAR NORMAS PENALES, ESO ESTÁ LIMITADO POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y DEBE SER RESPETADO, SOBRE TODO POR EL PRESIDENTE DE TODOS LOS ARGENTINOS”, EXPLICA EL JURISTA.”EL EJEMPLO DEBE VENIR DESDE ARRIBA”, RETRUCA LÖN.

A días de iniciarse la actividad judicial tras la feria de verano, el megadecreto firmado por el presidente Mauricio Macri aspira a convertirse en una trampa para el mandatario.

“Inconstitucional por donde de lo lea y analice”, explica a Aerom el constitucionalista Félix Lön. “Un decreto no puede modificar leyes laborales ni reformar normas penales, eso está limitado por la Constitución Nacional y debe ser respetado, sobre todo por el presidente de todos los argentinos”, explica el jurista.”El ejemplo debe venir desde arriba”, retruca Lön.

En tanto la ex diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer, ya trabaja en el planteo de inconstitucionalidad que presentará ante la Justicia y que por cuestiones federales deberá-terminada las instancias judiciales- definir la Corte Suprema donde Macri goza de cuatro votos a favor de los cinco integrantes del Máximo Tribunal.

Habrá que ver si ante tamaña adversidad jurídica, tanto el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, como la vicepresidenta del órgano, Elena Highton de Nolasco y los ministros nombrados también por decreto -aunque luego subsanado por el Congreso- Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, avalarán un desliz inconstitucional por dónde se lo analice como explica Lön.

Stolbizer pedirá -apenas se inicie la actividad judicial el primer día hábil de febrero -a la Justicia que lo declare “inconstitucional” mientras los legisladores K , encabezados por el diputado nacional Agustín Rossi, reclamarán la derogación del DNU firmado por Macri para desregular una serie de áreas del Estado.

Para Stolbizer el megadecreto “afecta seriamente la división de poderes, vulnera derechos y modifica un centenar de leyes”.

“Vamos a solicitar a la Justicia la revisión del instrumento y la declaración de su inconstitucionalidad por no existir las condiciones de necesidad ni de urgencia, que constituyen requisitos ineludibles según la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema”, explicó a Aerom la abogada patrocinante de Stolbizer, Silvina Martínez.

La demanda apunta a que el Gobierno recapacite y cumpla con la ley ya que el decreto salió bajo pretexto de “desburocratizar” y “simplificar” el Estado, continúa Martínez.

El alcance de la norma, que en principio sería contraria a los parámetros constitucionales, abarca desde normativas aplicadas para empresas que incumplen con la legislación laboral, embargos directos sobre cuentas-sueldo, leyes fitosanitarias, venta de activos estatales y hasta la regulación de cuatriciclos.

Stolbizer, titular de la ONG Bajo La Lupa, y la abogada Martínez argumentaron que el decreto “es un claro abuso de poder, sin ninguna justificación de las condiciones constitucionales exigidas para dictar un instrumento de esta naturaleza”. “Afecta seriamente la división de poderes, vulnera derechos, modifica un centenar de leyes y parece destinado a prescindir del Congreso Nacional”, fundamentó Martínez.

Para Stolbizer y su abogada el Poder Ejecutivo, mediante el DNU, “asumió facultades legislativas que le están vedadas”, alteró las “reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano”.

Stolbizer apoyará su demanda en el artículo 99 -inciso 3- de la Constitucion Nacional, que señala que el Ejecutivo nacional “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, a menos que “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”.

Además, los legisladores del kirchnerismo reclamarán la derogación del DNU “ómnibus” que firmó el presidente Mauricio Macri para desregular una serie de áreas del Estado y advirtieron que si el oficialismo no pone en marcha la Comisión Bicameral que debe tratarlo, buscarán que pase a votarse directamente en el recinto.

El jefe del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi, calificó como “terrible” el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado el jueves en el Boletín Oficial porque “deroga y modifica más de 140 leyes” y “es una ley ómnibus en donde está claro que Macri se burla del Parlamento argentino”. “Una vez que comiencen las sesiones ordinarias vamos a pedir que se trate en el pleno para tratar de derogarlo”, adelantó Rossi en declaraciones mediáticas, al tiempo que advirtió que el decreto “tiene algunos aspectos que son claramente perjudiciales”.

Rossi cuestionó la potestad que le confiere a las entidades financieras de “embargar las cuentas sueldo” y el cambio en las inversiones que puede realizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que podrá direccionar fondos al mercado financiero.

Los DNU deben ser analizados por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a pesar de ser la única que puede funcionar todo el año independientemente de que se convoque o no a sesiones extraordinarias, todavía no está constituida.

La Cámara de Diputados ya designó a sus ocho representantes en ese cuerpo pero el Senado todavía no hizo lo propio, pese a que tiene un plazo de diez días hábiles para analizar y emitir dictamen sobre el decreto. Por esa razón, el diputado del FPV Marcos Cleri -que presidió la Bicameral hasta el 10 de diciembre pasado- señaló a NA que “si no se conforma la comisión, el DNU debe pasar al pleno de la Cámara para ser votado”.

“Nosotros pedimos el 10 de diciembre que se constituya la comisión. Evidentemente el oficialismo no quiso porque estaban esperando este decreto y quieren pasar enero y febrero sin problemas”, evaluó el referente de La Cámpora.

El trámite parlamentario para los DNU dicta que la Comisión Bicameral debe pronunciarse sobre su validez o invalidez y elevar un dictamen al pleno de cada Cámara: para que un decreto deje de tener validez debe ser rechazado por las dos Cámaras y la aprobación de solo una de ellas permite que siga vigente.

Desde la sanción de la ley que regula los DNU en 2006, nunca un decreto fue rechazado por el Congreso y rara vez un dictamen de la Bicameral llegó a ser votado por las dos Cámaras.

Los votos en el Congreso con la nueva composición 2018

El kirchnerismo tiene más posibilidades de pulsear por la derogación del decreto “ómnibus” si la votación pasa directamente al recinto que si se constituye la comisión.

Mientras que Cambiemos se encamina a blindar la Bicameral con una mayoría propia y el kirchnerismo quedaría allí con muy pocos votos, a diferencia de lo que ocurrió en los últimos dos años.

La mayoría opositora de esa comisión durante 2016 y 2017 le valió al oficialismo una seguidilla de rechazos de nulo valor formal (porque casi ningún dictamen llegó al recinto y nunca las dos Cámaras rechazaron un DNU) pero de significancia política. Cambiemos estaría por contar con 8 de los 16 legisladores que integran la comisión lo que le permitiría reclamar también la presidencia del cuerpo que, en caso de empate, tiene voto doble.

En ese esquema, el justicialismo negociador que se referencia en el senador Miguel Pichetto y el diputado Diego Bossio podría contar con 4 lugares y el kirchnerismo apenas con 3, en tanto que el lugar restante será para un peronista independiente del Senado.

¿Macri seguirá obstinado y autoritario o deberá barajar y dar de nuevo porque los tecnicismos jurídicos y parlamentarios lo acorralarán en una trampa tejida con sus propias manos? Esa es la pregunta que se hacen desde el círculo rojo del presidente, mientras reconocen “excesos”.

ETCHECOLATZ FUE CONDENADO POR CIENTOS DE SECUESTROS, TORTURAS, ASESINATOS Y APROPIACIONES DE BEBÉS, Y SOBRE ÉL RECAEN LAS PISTAS SOBRE LA SEGUNDA DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LÓPEZ EN 2006.

Uno de los responsables de desapariciones forzadas, muertes y violaciones a centenares de personas en la última dictadura militar, el genocida Miguel Etchecolatz fue beneficiado con el arresto domiciliario y se instaló en una casa en Mar del Plata. Fue repudiado por varias marchas multitudinarias que fueron organizadas por los propios vecinos de la zona del bosque Peralta Ramos.

La ley está para ser violada, dicen los entendidos. Durante la tarde del sábado salió de esa casa. Secundado por tres hombres de civil, en un vehículo sin identificación, trasladaron al represor desde la finca mencionada hasta una clínica privada en el centro de la balnearia ciudad bonaerense.

El ex policía llevaba anteojos negros, chomba roja y subió a una camioneta blanca.

El genocida, que cuenta con seis condenas por delitos de lesa humanidad, llegó a la clínica Colón cerca de las 18 del sábado, en una camioneta Fiat Toro blanca patente AB 247 UR.

Según informó el diario Página 12, allí lo esperaba su esposa. Los tres hombres que acompañaron al genocida, lo ayudaron a bajar y a sentarse en una silla de ruedas.

Dos horas después Etchecolatz volvió a la casa del bosque Peralta Ramos, donde goza de los beneficios del arresto domiciliario, y también donde fuera repudiado con marchas y actos por los vecinos de la zona, desde que llegó a ese lugar.

Cabe recordar que Etchecolatz fue condenado por cientos de secuestros, torturas, asesinatos y apropiaciones de bebés, y sobre él recaen las pistas sobre la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López en 2006.

En 2006 ya le habían revocado la prisión domiciliaria en el año 2006 por portar arma de guerra, lo involucran a la desaparición del desaparecido en democracia Julio López como de cientos y cientos de desaparecidos en la última dictadura militar.

EN LA CUMBRE DE MAR DEL PLATA, LOS SINDICALISTAS UNIERON POSTURAS PARA IR CONTRA EL GOBIERNO. RECHAZARON EL MEGA DNU Y LA REFORMA PREVISIONAL.

A través de un duro comunicado contra el gobierno de Mauricio Macri, los dirigentes sindicales que se reunieron en Mar Del Plata exigieron la derogación de la reforma previsional. También, reclamaron “paritarias libres y sin tope” y unificaron su oposición a Cambiemos.

El almuerzo fue organizado por el representante de gastronómicos, Luis Barrionuevo, y convocó a los referentes de las 62 Organizaciones Sociales y Peronistas. Entre ellos estuvieron Hugo Moyano(Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios), Jorge Piumato (Judiciales) Omar Plaini (Diarios y Revistas), Horacio Valdez (Vidrio y Afines) y dos triunviros de la central obrera: Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña.

El encuentro dejó como resultado la confección de un contundente documento en el cual se refirieron al gobierno de Macri como "un gobierno de CEO'S directores, accionistas, dueños de empresas nacionales y multinacionales”. Además, acusaron a los funcionarios de asumir “sus cargos con total desparpajo conservando acciones e injerencias en sus empresas y beneficiando claramente de manera ostensible sus propios intereses".

https://www.scribd.com/document/369469657/Documento-de-la-CGT

Asimismo, advirtieron que el objetivo de Cambiemos en sus dos años de gobierno fue “hacer perder el poder adquisitivo de jubilaciones y salarios, condonar y blanquear las deudas de los evasores, rebajar el sueldo de jubilados, pensionados y programas sociales, llenar las góndolas argentinas con productos extranjeros que conspiran contra el trabajo de los argentinos, endeudar el país de manera inaudita y hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres".

Bajo el título "Quien quiera oír que oiga", los dirigentes sindicales apuntaron que “para la construcción de un relato desde un lugar confortable se necesita un enemigo” y subrayaron que para el Ejecutivo nacional “todo aquello que se opusiera era el pasado, era el peronismo, eran los sindicatos, mezclando en la comunicación situaciones de funcionarios, sindicalistas y algunos (por cierto, pocos) empresarios investigados por corrupción".

En esa línea, acusaron al Gobierno de buscar "solo la deslegitimación de las organizaciones sindicales ante la sociedad para avanzar con rapidez sobre el salario y las condiciones de trabajo".

Por último, el gran encuentro tuvo una ausencia que llamó la atención y fue la del representante de Colectiveros, Roberto Fernández. Tampoco estuvo la tercera pata del triunvirato cegetista, Héctor Daer, ni los líderes del grupo de los "Gordos" e "Independientes"­.

LO ANUNCIAN LA SEMANA QUE VIENE. LA REDUCCIÓN SE ESTIRA A MARZO, CUANDO ABRAN RETIROS VOLUNTARIOS.

Mauricio Macri lanzará la semana que viene un plan de jubilaciones anticipadas para comenzar con el ajuste en los ministerios, según anticiparon a LPO en el Ejecutivo.

El plan, que será de carácter optativo, consiste en adelantar tres años la edad jubilatoria para los empleados públicos, que seguirán cobrando el sueldo sin trabajar los tres años que falten hasta cumplir la edad de jubilarse.

En el Gobierno argumentan que por las designaciones masivas realizadas durante el kirchnerismo, hay mucho personal que sobra en las oficinas y en vez de agilizar la gestión la obstaculizan. "Hay oficinas en las que no alcanzan ni las computadoras ni las sillas", explicaron a este medio en el gabinete.

Este plan es el puntapié inicial al ajuste de estructuras ministeriales que el Gobierno quería presentar para diciembre pero postergó para enero, luego para febrero y ahora para marzo. En marzo, se abrirán los retiros voluntarios en los ministerios. El pionero en utilizar estas herramientas fue Hernán Lombardi, titular del Sistema de Medios Públicos, que arrancó en diciembre con los retiros en los canales del Estado.

En el Gobierno hablan de cerrar las estructuras en el retiro espiritual que Macri tendrá con sus ministros en Chapadmalal el 24 de febrero.

La postergación del achique de estructuras la ocasionó el propio Macri, que rechazó el plan que le presentó Mario Quintana, el vicejefe de gabinete encargado de la reducción de los ministerios.

Quintana, que el año pasado absorbió la dirección de Diseño Organizacional que pertenecía a Modernización de Andrés Ibarra, había contratado a las consultoras Cippec y The Boston Consulting Group para que le armaran un plan de reducción de áreas, que incluso estipulaba la eliminación de ministerios. Además, el plan incluía la eliminación del escalafón de las subsecretarías.

Macri leyó el informe y si bien le pareció que estaba bien en lo técnico, no lo convenció en la parte política. Es decir, no quería echar funcionarios y por eso los subsecretarios serán ascendidos a secretarios o degradados a directores pero conservando sus actuales salarios con unidades retributivas, que cada ministro tiene para repartir a discreción.

Pero lo más curioso es que tras leer el esquema de reducción equitativa entre todos los ministerios, Macri dejó toda la reestructuración en manos de Quintana, que ahora debe negociar bilateralmente con cada ministro. Es por eso que habrá ministerios que conservarán sus subsecretarías y otros que no.

Otro factor de la demora fue la diferencia de criterios entre Quintana e Ibarra, cuyo ministerio había hecho un cálculo estimado de la cantidad de personal que había que reducir área por área.

La pelea en el gabinete es a ver quien “raja más personal”, Modernización aduce hizo un relevamiento en un organismo en el que “el kirchnerismo había duplicado la planta” y sugirió reducir un cuarto del personal, cuando el estudio de Quintana sugería eliminar la mitad entera que había sumado el Gobierno anterior.

Como sea, en el Gobierno hablan de cerrar las estructuras en el retiro espiritual que Macri tendrá con sus ministros en Chapadmalal el 24 de febrero.

Algunos ministros tuvieron chispazos con Quintana, que pidió reducir a cinco el número de funcionarios que reportan directamente al ministro: a él reportan 25.

"Lo que pide Quintana, Quintana no lo hace", rezongan en el Ejecutivo y recuerdan que fue el funcionario que más sumó áreas en los últimos meses: en cuestión de semanas les creó cargos a Fernando Sánchez, Enrique Vaquié y Oscar Ghillione.

JUAN CARLOS SCHMID DIJO QUE NINGÚN GREMIO VA A ACEPTAR AUMENTOS DE ESE NIVEL, COMO PRETENDE EL GOBIERNO. "¿POR QUÉ VOY A CREER EN UN PROGRAMA ECONÓMICO QUE HASTA AHORA LLEVA UN 70% DE INFLACIÓN", LANZÓ.

Télam/ El integrante del triunvirato que conduce la CGT Juan Carlos Schmid afirmó que la meta inflacionaria del 15 por ciento para este año "es una fantasía" y que "nadie" entre los gremios va a aceptar aumentos de sueldo de ese nivel.

"El 15% no pasa si no hay actualización por la inflación. ¿Por qué voy a creer en un programa económico que hasta ahora lleva un 70% de inflación acumulado en los dos años de gestión?", afirmó Schmid.

En declaraciones a Infobae, el secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento consideró que "bajo ningún punto de vista puede ser ese" el techo de las paritarias.

"Cada mesa paritaria tiene su propia naturaleza, su característica. La CGT, en todo caso, lo que establece es una respuesta de orden político de que no podemos confiar en las pautas que da el Gobierno porque evidentemente ha fallado. Yo diría que cada vez demuestran menos confianza las declaraciones del Gobierno, cada vez tenemos menos confianza en lo que dice el Ejecutivo", señaló.

Para Schmid, la situación "se soluciona, si se puede, a través del diálogo" pero advirtió que si nó la CGT actuará "a través de las medidas que puede llevar adelante el sindicalismo argentino que es la confrontación a través de medidas de fuerza, de movilizaciones".

También consideró que "obviamente tiene que haber una cláusula gatillo" porque "cuando uno se sienta en la mesa de tratativas lo que busca es no perder poder adquisitivo".

"En los últimos dos años hubo pérdida de poder adquisitivo, algunos perdieron más que otros", reconoció también el triunviro de la CGT.

Schmid indicó además que "no es la legislación laboral la que impide el despegue económico o la llegada de inversiones" sino que hubo "errores enormes que se están cometiendo en materia social y económica" por parte del Gobierno nacional.

EL OFICIALISMO PUSO EL APARATO PARA GANAR EL GREMIO, PERO PERDIÓ CON EL MOYANISMO. EL CASO "SERRUCHO" GÓMEZ.

El escándalo de Sandra Heredia, la ex empleada de Jorge Triaca que es destinataria de los insultos del ministro en el audio que se viralizó en los últimos días, fue el primer síntoma de la crisis que sacude a la cartera laboral y que tiene como telón de fondo el resonante fracaso del Gobierno en el SOMU, donde perdió las elecciones a pesar de poner todos los recursos a favor de una de las listas.

La aparición del audio parece la punta del ovillo de una serie de manejos -como mínimo- controvertidos de la intervención del gremio de marítimos, que en primer momento estuvo a cargo de la ahora senadora Gladys González. Es que la mujer denunció que además de cobrar parte del sueldo en negro de la familia Triaca, la habían designado delegada interventora del SOMU en San Fernando.

Según su versión, le dieron ese cargo a partir de un pedido de regularización de su situación laboral, mientras que el ministro se desligó y dijo que consiguió el puesto por haber hecho contactos en las reuniones que realizaba en su quinta con el equipo de intervención. Por lo bajo, en la cartera laboral dicen que la mandaron el gremio cuando la familia decidió echarla de la quinta porque detectaron faltantes.

Como sea, esa designación -que en cualquiera de los casos parece irregular- destapó denuncias de situaciones similares. La propia Heredia aseguró que el hijo del jardinero de la quinta de los Triaca tiene un cargo en el SOMU. La mujer dijo que hay unas 250 personas en su misma situación. Los abogados del "Caballo" Suárez aprovecharon el revuelo y pidieron a la Justicia que investigue a los interventores.

"Utilizaban al gremio para pagar sueldos de empleados del ministro Triaca. Hay otros funcionarios que utilizaron al SOMU para pagar sueldos", aseguró el letrado Carlos Broitman. Según La Nación, actualmente está nombrado un ex asesor de Gladys González.

Lo que también sale a la luz con el escándalo de Sandra es la actuación de allegados a Triaca como interventores en las sombras, o los verdaderos encargados de ejecutar las decisiones del Gobierno. Uno de ellos es el cuñado del ministro, Sergio Borsalino, que tendría un cargo en el Ministerio. El otro personajes que trasciende ahora es Alejandro "Serrucho" Gómez, asesor de Triaca.

Había revelado el rol de "Serrucho" en el SOMU ya en septiembre de 2016, unos meses después de la intervención. En ese momento, las fuentes lo ubican como una suerte de nexo del Gobierno con los dirigentes que respondían al "Caballo" Suárez y que estaban en una guerra con Gladys. En la cartera laboral lo desmintieron, pero sí admitieron que estaba en el sindicato para cumplir las órdenes de Triaca.

Que estos nombres y situaciones aparezcan ahora tiene que ver no tanto como el insulto a Sandra sino con la derrota del Gobierno en el SOMU, el corazón de esta crisis. Es que en la Rosada todavía no se explican cómo perdieron el control de un gremio mediano en términos de cantidad de afiliados, pero clave para el transporte fluvial. En Trabajo sospechan que le están facturando a Triaca esa derrota.

Pablo Moyano con Raúl Durdos

Es que después de casi dos años de intervención y "limpieza" del poder residual de Suárez, el Gobierno apostó muy fuerte para garantizar el triunfo de la lista de Rubén Manno, y terminó sufriendo una inesperada y durísima derrota (mucho más de lo que trascendió) contra el moyanista Raúl Durdos (también respaldado por los dirigentes del sindicato que denunciaron a Suárez en un principio), al que le habían puesto todos los obstáculos posibles.

Pero además de política la derrota del Gobierno fue muy fuerte en términos simbólicos. Es que el oficialismo construyó un relato del SOMU como nuevo gremio modelo (lo que le valió a González terminar como candidata a senadora) y hasta implementó el voto electrónico para mostrar que sin las trampas del sistema, el sindicalismo tradicional no podía ganar. Pero ganó.

Los coletazos de esa derrota son los que ahora golpean a Triaca, que además ya venía cuestionado por la designación de su hermana Mariana como directora del Banco Nación. Ella a los cargos que ya habían conseguido la esposa de Triaca en el Ministerio de Salud, su otra hermana Lorena en la Agencia de Inversiones y su cuñado Ernesto Reta en el BICE. En el gabinete ironizan con el "clan Triaca".

LOS ABOGADOS DE LA SENADORA PRESENTARON UN ESCRITO ANTE EL JUEZ JULIÁN ERCOLINI. EN ESTE CASO, LA EX PRESIDENTA ESTÁ PROCESADA POR FRAUDE.

La ex presidenta Cristina Kirchner presentó un escrito ante el juez federal Julián Ercolini, en el que solicita que la envíe a juicio oral y público por fraude en la obra pública, caso que involucra a Lázara Báez.

"En la próxima instancia procesal se habrán de efectuar todos los planteos correspondientes con el propósito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho, se relatan en los requerimientos de elevación a juicio", reza el escrito presentado por Carlos Beraldi, abogado de la senadora.

Por esta causa, Cristina Kirchner se encuentra procesada por fraude en la obra pública y embargada en 10.000 millones de pesos. Entre los imputados, también irán a juicio oral y público Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques habían solicitado al juez Julián Ercolini que eleve a juicio oral la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Los fiscales aseguraron que la causa expone una "estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años".

Desde la defensa de la ex presidenta consideran que la causa está plagada de "arbitrariedades" y confían que con la instancia de juicio oral y público podrán ejercer una sólida defensa.